Normativas

Una evaluación previa para los códigos deontológicos

Una evaluación previa para los códigos deontológicos

Una evaluación previa para los códigos deontológicos

El Real Decreto 472/202 es aquel que regula algunos aspectos de los colegios profesionales. Se trata de una ley que está sobre la mesa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ve preciso realizar un proyecto para modificarlo y ponerlo en la senda europea.

Aunque el objetivo fundamental es cambiar algunos matices, el Gobierno quiere seguir redactando un texto que vaya en consonancia con lo ya establecido, pero quiere “reflexionar sobre las regulaciones que se introducen en materia de profesiones”.

En palabras de diversas autoridades, se argumentan que “precisamente para garantizar los mejores resultados de este ejercicio de reflexión regulatoria para profesionales y ciudadanía, es una exigencia tanto de la Directiva como del Real Decreto aludidos que las autoridades competentes para la regulación velen por que la evaluación se realice de manera objetiva e independiente, de tal forma que no baste con un mero ejercicio de autoevaluación”.

De manera más concreta, lo que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital persigue es que no haya tanta libertad en los códigos deontológicos que, por ahora, no necesitan de una regulación más allá de la aprobación de los colegios profesionales. Por tanto, se antoja imprescindible para los mandatarios mejorar la adecuación normativa a la directiva europea y que, al menos, se produzca una evaluación previa a la aprobación de los códigos deontológicos.

En los próximos meses se establecerán unas nuevas directrices en este sentido y los Colegios Profesionales tendrán voz y voto para llegar a un consenso válido para todas las partes. “Si bien el informe de evaluación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia no será vinculante para el Colegio Profesional o el Consejo General remitente del correspondiente código deontológico y su evaluación de proporcionalidad, las corporaciones proponentes sí que deben motivar por qué no acogen las eventuales observaciones que se formularan en dicho informe de evaluación”