En mis 26 años de actividad en el sector pesquero, no he sentido a sus hombres y mujeres con un estado de ánimo más bajo que en estos momentos, al que se unen frustración y rabia, por qué no decirlo, ante el panorama actual. Este comentario, que ya he hecho público ante las administraciones nacionales y europeas encargadas de regular nuestra actividad, no es gratuito, si tenemos en cuenta las circunstancias adversas que hemos sorteado los últimos años y las nuevas tormentas que tendremos que esquivar.

Aun así, en Bruselas, estas apreciaciones parecen no afectar o, al menos, el grado de empatía es decepcionante. Somos conscientes del alejamiento cada vez mayor de los políticos de la realidad de los ciudadanos, pero en el sector pesquero, a esta lamentable situación se une el desconocimiento de nuestra actividad, lo que convierte a este alejamiento en ineptitud.

Precisamente, esta ineptitud es peligrosa cuando las decisiones basadas en ella afectan, como en el caso del sector pesquero, a más de 8.700 barcos y a más de 150.000 trabajadores, directos e indirectos; y, en el caso de la pesca andaluza, a la viabilidad de más de 1.400 buques, y, sobre todo a sus 4.000 pescadores y más de 20.000 personas que indirectamente construyen su día a día y el de sus familias gracias a ella.

Consecuencias catastróficas

Toda situación tiene sus límites y, cuando alguno se supera, puede tener consecuencias catastróficas. Esta afirmación, lejos de pretender ser alarmista, menos aún amenazante, es, simplemente, lógica. En el sector llevamos dos años luchando, y el verbo es exacto, contra el caos que creó la pandemia. Lejos de amedrentarse, armadores y pescadores enfrentaron todos los inconvenientes, y no exagero al afirmar que, jugándose la vida, cumplieron su deber, como sector esencial y estratégico, de asegurar el suministro de las proteínas provenientes del mar, con una eficacia envidiable.

De hecho, y si nos remitimos a las cifras que acabamos de publicar en el Informe del Sector Pesquero Español, aunque las capturas de nuestra flota decrecieron un 11,4% en 2020 (787.258 toneladas), frente a las 877.211 toneladas de 2019, a pesar del cierre de canales de comercialización tradicionales, como el Horeca, o de mercados internacionales, el sector no se desanimó. Por el contrario, fue capaz de llevar sus productos hasta los consumidores e ingeniárselas para que el valor de la producción en primera venta creciera un 10%, pasando de 1.840 millones de euros en 2019 a 2.043 en 2020, con una cuenta agregada de unos 10.000 millones de euros.

Pues bien, no habíamos acabado de despertarnos de la pesadilla de la Covid, cuando nos vimos inmersos en las tribulaciones creadas a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Esta situación, además de sacudir nuestra sensibilidad por el drama humano que supone, también ha agitado, violentamente, nuestra estructura de costes de producción, especialmente por el alza del precio del combustible. De hecho, si bien el gasóleo pesquero suele suponer entre el 30 y el 40% de los costes de explotación de los buques, ahora mismo ya supera el 60%. Hemos de pensar que, desde el último trimestre de 2020 hasta julio de 2022, el precio del litro de gasoil se ha más que triplicado, pasando de una media de 0,306 euros a superar 1,1 euro.

A ello sumamos las restricciones a la actividad que provocan las políticas ambientales de la UE, dictadas, no se sabe muy bien con qué estrategia geopolítica, basándose en qué datos científicos y respaldadas por las campañas demagógicas de los ambientalistas, que han convertido Bruselas en un auténtico aquelarre contra el sector.

La pesca, me atrevería a decir que el oficio más antiguo del mundo, puesto que servía y sirve para alimentarse, se ha convertido para algunos en el demonio de los mares.

Ante la posible reforma de la Política Pesquera Común (PPC), este sector, que según la FAO, es capaz de que el 82,5% de las capturas mundiales desembarcadas provenga de poblaciones de peces gestionadas de forma sostenible, ha de situarse en el centro de las decisiones junto a los científicos, con los que colaboramos desde hace décadas, si queremos solucionar los problemas del mar. Hay que modificar el diseño de algunas normas, coinciden los científicos, tales como la obligación de desembarque, y el fanatismo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para todas las especies al mismo tiempo. Sencillamente, porque son imposibles de conseguir.

También se ha anunciado el cierre de 87 zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Y lo ha hecho la Comisión Europea sin consultar adecuadamente al sector, sin realizar una evaluación de impacto socioeconómico ni basarse en la mejor ciencia disponible y extralimitándose en sus competencias. El Comisario Sinkevicius bien no es consciente del daño que injustificadamente va a causar a las comunidades pesqueras de estos cuatro países, bien quiere cargarse el sector.

La pesca, me atrevería a decir que el oficio más antiguo del mundo, puesto que servía y sirve para alimentarse, se ha convertido para algunos en el demonio de los mares. En una vuelta al medievo, los políticos europeos, sin ciencia y engatusados por siseos desde tierra firme, no se sabe muy bien con qué intereses, están decididos a eliminarnos para asegurar la sostenibilidad de los océanos. Quizás el objetivo sea un futuro en el que la soberanía alimentaria europea descanse en la voluntad de Asia de darnos de comer. Tengamos cuidado, no vaya a ser que el drama energético europeo se traslade en unos años a las proteínas que han de alimentarnos y, por cierto, las del mar son las de mayor calidad, más saludables y con menos impacto ambiental del planeta.