Sociedad

El 80% de los presos con patologías mentales graves nunca fueron tratados

  • Unos 3.000 reclusos de los más de 73.000 que hay en España padecen una enfermedad de este tipo · La mitad de ellos son hombres de entre 30 y 50 años

Alrededor de 3.000 personas, un 4,2% de los más de 73.000 reclusos que hay en España, padecen una enfermedad mental grave, más de la mitad son hombres de entre 30 y 50 años y ocho de cada diez no estaban controlados ni seguían un tratamiento antes de delinquir e ingresar en prisión.

Es el retrato, a grandes rasgos, de la salud mental en las prisiones que dibuja el subdirector de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, con motivo de la celebración en Madrid de un semanario en el que participaron expertos del ámbito judicial, sanitario y de instituciones penitenciarias.

El caso del parricida de Gerona, que el jueves decapitó a su hija de dos años porque así se lo había dictado el diablo, puede ser uno más de los crímenes cometidos por un enfermo mental grave, delitos que, en la mayoría de los casos, "son incomprensibles e inesperados", aseguró Arroyo.

El 25% de la población reclusa tiene diagnosticado algún trastorno mental. En la mitad de estos casos se trata de una depresión reactiva que puede ser pasajera y otro tanto está relacionado con el consumo de drogas o alcohol. Además, cuatro de cada cien padecen una enfermedad mental de carácter grave, es decir, sufren una psicosis esquizofrénica o paranoide o algún trastorno bipolar.

La mitad de estos reclusos ha tenido contacto con la justicia por delitos menores que finalmente le llevan a prisión, y un 56% también ha ingresado previamente en algún hospital por problemas psiquiátricos.

"El problema surge cuando abandonan el hospital, vuelven a su entorno, no siguen un tratamiento ambulatorio y, tiempo después, protagonizan una agresión -ocurre en un 85% de los casos- o cometen un delito más grave como un homicidio", explicó Arroyo.

Basándose en informes médicos, es el juez quien decide si esa persona ingresa en una prisión convencional y recibe tratamiento o si debe ir a uno de los dos hospitales penitenciarios psiquiátricos existentes en Sevilla y Alicante porque es "inimputable", es decir, no puede ser acusado porque el delito es consecuencia de una patología mental.

En el primer caso, todos los centros penitenciarios cuentan desde hace dos años con el programa de atención integral al enfermo mental, que pone a disposición del recluso todos los recursos asistenciales para su tratamiento o para la detección de nuevos casos, ya que hay internos que desarrollan alguna patología mental ya en la prisión.

Y aunque una cárcel "no es el mejor lugar para tratar a un enfermo", Arroyo destacó el avance de la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios en los últimos años y que ha logrado que España, subrayó, "esté por encima de la media europea en cuanto a la detección, tratamiento y control de estos trastornos".

Además, señaló que la inmensa mayoría -más de un 90%- de ese 4,2% de reclusos que padece una enfermedad mental grave están inscritos en este programa.

El problema de estos internos es mayor entre el alrededor de 600 "pacientes" ingresados en los hospitales penitenciarios de Alicante o Sevilla, convertidos en centros psiquiátricos pero sin dejar de ser prisiones, según criticó Araceli Carrillo, una de las socias fundadoras de la asociación de familiares del centro alicantino.

"Ningún enfermo mental debe estar en una cárcel porque, además de no ser considerado responsable del delito cometido, es imposible que esa persona logre una recuperación total de su enfermedad, pues en muchos casos estas personas están alejadas de sus familias", explicó Carrillo.

El 80% de estos pacientes estabilizan sus conductas en los hospitales penitenciarios y un 98% agota el tiempo estipulado por el juez como medida de seguridad de privación de libertad, a pesar de que tres de cada diez podrían estar fuera del centro.

"Esto es lo verdaderamente injusto", destacó el subdirector de sanidad penitenciaria, que opinó que es en este punto donde las comunidades autónomas y los recursos sanitarios deberían prestar su apoyo, una reclamación que comparte Carrillo, que consideró que la red sanitaria rehuye a estos enfermos porque en su expediente figura que han cometido un delito.

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