El gasto medio por dependiente en 2019 fue de 7.948 euros, de los que un 83,9% fue aportado por las comunidades autónomas, en tanto que la administración central asumió sólo 1.276 euros para cada beneficiario, unos 106 euros al mes, la cifra más baja desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006.

El Observatorio Estatal para la Dependencia, coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, informó ayer de la inversión pública en el sistema de atención a la dependencia el pasado año, que supuso 8.607 millones de euros, de los que 7.221 millones fueron aportados por las autonomías.

Según el informe, la financiación estatal ha ido cayendo desde 2012 hasta el punto de que el pasado año su aportación fue la más baja desde que existe la Ley de Dependencia, sin olvidar la brecha que existe entre regiones.

Así, el Observatorio constató que las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368 euros), Extremadura (286) y Castilla y León (261). Y las que menos son Canarias (95 euros), Galicia (142) y Baleares (143).

Además, incrementaron el presupuesto en el último año en mayor medida Baleares (un 32%), Comunidad Valenciana (18%) y Canarias (16%) y sólo Asturias lo redujo.

"El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración", denunció.