Más de la mitad de los espacios naturales del litoral español están amenazados, según denunció ayer Greenpeace en su informe anual Destrucción a toda costa. Esta organización señaló a Andalucía, Valencia y Canarias como las tres comunidades que "más desprecio" muestran hacia esos espacios. En este informe se ha analizado el estado de 233 espacios litorales amparados por alguna figura de protección nacional o internacional, repartidos en más de 8.000 kilómetros de costa. De estas zonas, 120 sufren algún tipo de amenaza por proyectos urbanísticos, de infraestructuras o contaminación, según señaló la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Los ecologistas han denunciado el desarrollo inmobiliario "depredador", calificado como "economía suicida", y han recordado que España es el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos "por maltrato a su medio ambiente". La corrupción urbanística sigue siendo una constante. Greenpeace ha detectado 478 casos, con 625 imputados, de los que más de la mitad son cargos públicos -alcaldes, concejales o arquitectos municipales-. Marcos advirtió que existen más de 562.000 viviendas y 51 puertos (nuevos o ampliaciones de los existentes) proyectados en espacios protegidos de la costa o sus alrededores.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, resaltó que un 70% del millón de viviendas vacías que hay en España están en el litoral y la mitad de ellas en la costa mediterránea. Uralde aseguró que la costa "se ha convertido en un cementerio de ladrillo" y denunció un proceso de desmantelamiento de la legislación de protección del litoral, por lo que "la situación no va a mejorar, sino a empeorar".

Greenpeace considera que en la protección del litoral no valen "rebajas ni excusas" y cree que los chiringuitos ubicados en playas urbanas "no son el problema más grave de la costa". Desde la organización se exige un refuerzo de la ley de costas, un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente, la continuación de la compra de terrenos y la demolición de las construcciones ilegales y acabar con los vertidos industriales y urbanos.