España lleva años "suspendiendo" en reciclaje, sin lograr aún los objetivos europeos, y ahora tendrá que "ponerse las pilas" para lograr las metas de la nueva directiva de residuos, más ambiciosas que las anteriores y con un sistema homogeneizado de medición que dificultará aún más su cumplimiento.

Así lo resumen en conversación especialistas como Eduardo Perero, director adjunto de la Fundación Conama y responsable de su área de residuos, quien en el Día Mundial del Reciclaje -celebrado ayer- recuerda que España no cumplió los objetivos europeos de 2020 -reciclar al menos el 50% de los desechos sólidos urbanos- y que ahora deberá "ponerse manos a la obra" para mejorar sustancialmente las cifras.

La reciente norma española transpone la directiva de la UE aprobada en 2018

La nueva normativa comunitaria tiene asustado al sector, mantiene Perero, pues si no logró llegar a las anteriores metas -menos ambiciosas- ve muy lejanas las de la directiva 2018/851, que se acaba de trasponer al marco normativo español en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en marzo.

España recicla cerca del 35% de sus residuos sólidos urbanos, según los últimos datos de la oficina de estadística comunitaria Eurostat y de las comunidades autónomas, y la nueva ley establece que para 2025 se deberá reciclar al menos el 55% (en peso), como pide la Unión Europea, porcentaje que ascenderá hasta el 60% en 2030.

"Tendríamos que aumentar 20 puntos en tres años", incide Carlos Arribas, responsable de residuos de Ecologistas en Acción, quien desconfía que se cumpla, pero prevé que la ley haga aumentar la cantidad reciclada, al fijar impuestos al vertido y a la incineración que desincentivarán esas prácticas y alentarán el reciclado.

La nueva norma obligará además a los municipios a recoger de manera separada a partir del 30 de junio la materia orgánica, algo que "hará reducir la fracción resto", la que aúna diferentes tipos de desechos sin distinción y que se compone en su mayoría de restos de comida y que supone hasta el 80% de la basura.

Sin embargo, esta obligación no garantiza su cumplimiento, avisa Arribas, quien recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias ha avisado de que muchos ayuntamientos no llegarán a tiempo para implantar un sistema de recogida separada para los biorresiduos y "están pidiendo ayuda" a los gobiernos autonómicos.

Alega Arribas que algunas ciudades han dado pasos "en falso": "La cuestión no es sólo poner contenedores; hay que implantar sistemas de recogida eficientes, como el de puerta a puerta o los contenedores cerrados con identificación de usuario".

Como esos dos métodos, reconocidos como los más efectivos, son costosos, Arribas arguye que "muchos ayuntamientos están tirando por la calle de en medio, que es la de poner contenedores marrones" sin asegurar que la gente separa la basura en sus casas, por lo que, lamenta, "el fracaso está anunciado".

Un reto añadido está en la medición de los datos: "El sector de los residuos es el que más mide y el que menos información genera", sostiene Perero, quien explica que en muchos casos se cuantifica la parte reciclada de los desechos urbanos una vez que estos llegan a la planta donde son tratados. En realidad, explica Perero, ese porcentaje es menor, porque hay un descarte de materiales que no se puede tratar o no resulta rentable.