Más de tres años ha tardado la promotora inmobiliaria Metrovacesa en colocar la primera piedra de Isla Natura, el proyecto que albergará 2.870 viviendas (1.232 de ellas de protección pública) en Palmas Altas e incluye un pulmón verde, colegios, institutos, centros de salud y deportivos, entre otros equipamientos. El principal motivo de la demora es el escollo que siguen suponiendo a día de hoy los informes sectoriales necesarios para poner en marcha cualquier iniciativa en la que exista más de una administración involucrada. Este obstáculo administrativo tiene los días contados.

En el análisis desarrollado por   la Gerencia de Urbanismo sobre el texto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), los técnicos concluyen que uno de los tres efectos que tendrá sobre el urbanismo de Sevilla es la reducción de una parte de los procedimientos para el desarrollo de proyectos que no dependían del Ayuntamiento, sino de otras administraciones. Cada vez que hay una tramitación, el Consistorio tiene que solicitar actualmente esos informes sectoriales a las consejerías competentes. A partir de ahora, los plazos de esos informes se van a reducir al eliminar la ratificación de los informes sectoriales.

No han sido pocos los proyectos que han decidido buscar otras ubicaciones fuera de Andalucía ante esta traba burocrática. En el caso de Sevilla, el nuevo barrio en La Bachillera,  con 720 pisos de alquiler asequible que fue presentado hace dos meses. Los promotores expusieron su preocupación por los plazos antes de dar el visto bueno a un acuerdo que permite este desarrollo urbanístico tras la aprobación por unanimidad de la junta de compensación de la que forman parte Emvisesa, el Ayuntamiento, Adif, Beca Inmobiliaria S.A., Canvives S.L., Sareb y Sera.

Urbanismo entiende que el nuevo texto permitirá un PGOU “con capacidad de adaptación”

Un segundo efecto que tendrá la Lista en Sevilla para los técnicos de la Gerencia es que puede venir a completar el proceso de simplificación administrativa y agilización de trámites que se ha llevado a cabo por Urbanismo en los últimos años. Defienden que, hasta el momento, el Ayuntamiento ha agotado todo el margen de maniobra que tiene para mejorar la gestión de las licencias, favorecer la inversión y la recuperación económica.

La tercera consecuencia de la nueva ley es que va a permitir agilizar los procedimientos de modificación del PGOU en los casos que sea necesario. “Tener la ley del suelo aprobada puede permitir un plan general más flexible, ágil y con capacidad de adaptación”, apuntan desde Urbanismo. Un esperado proyecto en marcha es la reutilización del complejo de la antigua fábrica de Altadis tras 14 años de abandono. La modificación del PGOU consiste en el cambio de uso de la parcela de Industria Singular a Servicios Terciarios y Equipamientos. El aprovechamiento resultante para el fondo de inversión son los servicios terciarios para hoteles, oficinas, restauración, ocio, cultural-educativo y pequeño y mediano comercio. Este tipo de tramitaciones serán muchos más sencillas tras la entrada en vigor de la Lista.

El Parlamento andaluz debe aprobar la Lista este jueves tras meses de negociaciones

El proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía aspira a clarificar el urbanismo andaluz mediante reglas que contribuyan a agilizar y simplificar los trámites urbanísticos reduciendo la tramitación y aprobación de los planes municipales de ordenación urbana. La Consejería de Fomento señala que “la nueva ley pone fin a una maraña normativa de veinte años” de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística y de la Ley de Ordenación del Territorio.

El Parlamento andaluz aprobará definitivamente este jueves la nueva ley tras meses de negociaciones, de debates y comparecencias de todos los agentes sociales y los vecinos afectados en la Cámara andaluza. El único fleco que faltaba era la decisión sobre las casas en suelo rústico, ya que el Partido Socialista puso de condición para respaldar el texto que no se permita la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico no vinculadas a usos agrícolas, ganaderos o turísticos al entender que suponía la liberalización de la construcción en el campo.

Edificios de la antigua fábrica de Altadis, en Los Remedios.