La llegada de menores extranjeros no acompañados a Andalucía se ha incrementado en un 575% en los dos últimos años, y ya son 4.798 los menores atendidos de los 10.162 que hay en España, una cifra que para la Fiscalía de Sevilla demuestra el "desbordamiento" de un problema que "se nos ha ido de las manos". 

El fiscal coordinador de familia y protección de menores de Sevilla, Daniel Valpuesta, lamenta la falta de medios económicos para la atención de los menores y el hecho de que no haya prosperado ninguno de los cuatrocientos expedientes de repatriación abiertos este año por su departamento, cifra que el año pasado fue de 45, también sin ningún éxito. 

"Esto se nos ha ido de las manos, porque no hay recursos para aplicar plenamente las consecuencias de la declaración de desamparo de un menor: atención, formación y preparación para la vida adulta de los menores", ha asegurado a Efe Valpuesta. 

Ante el enorme aumento de menores que han llegado este año a Andalucía, el fiscal considera que los centros se han convertido en un "almacén de niños", a los que no se les pueden ofrecer los recursos previstos para su formación. 

El fiscal también lamenta que no se haya culminado con éxito ninguno de los expedientes de repatriación abiertos por su departamento, una decisión que finalmente depende de la Delegación del Gobierno español, y ello a pesar de que, en el caso de los marroquíes, que son un 70 % de los atendidos, "están perfectamente localizados" sus familiares. 

Valpuesta considera un "parche" los 40 millones de euros extraordinarios aprobados la semana pasada por el Gobierno para atender a los menores, y sostiene la necesidad de aplicar fórmulas para disuadirles de que lleguen a España. 

Una forma para ello, ha explicado, es que se les devuelvan con sus familias "con todas las garantías", aunque reprocha la falta de voluntad política para hacerlo. 

El objetivo del sistema de protección de menores es la reagrupación familiar, ha recordado Valpuesta antes de asegurar que es más fácil lograr ese objetivo con Marruecos que con menores cuyos países tienen mayores dificultades económicas, como Eritrea, Sudán o Somalia. 

La "emigración económica" de estos menores tiene como objetivo encontrar trabajo, "de chapa y pintura" le dicen al fiscal muchos de los chavales, motivo por el que desde España van luego a países más desarrollados, como Alemania o Suecia, donde vaticina que también se producirá el "desbordamiento" que padece ahora Andalucía. 

Sin embargo, a los menores de 16 años les cuesta aceptar que no pueden trabajar legalmente hasta esa edad, lo que provoca en muchas ocasiones que obtengan recursos mediante el tráfico de drogas o la prostitución, deplora el fiscal coordinador de familia y protección de menores de Sevilla.