El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Cádiz ha desestimado el recurso de la asociación de mariscadores Virgen del Carmen contra el Ayuntamiento de San Fernando, que le reclama desde 2017 el reintegro parcial de la subvención concedida en su día para hacer frente a la construcción y puesta en marcha de una depuradora de moluscos en los terrenos de Puente de Hierro.

De dicha sentencia judicial –que suma un nuevo capítulo a la rocambolesca historia de los mariscadores– se dio cuenta en la Junta de Gobierno Local recientemente.

La cantidad que se reclama desde el Consistorio a esta entidad ronda los 35.000 euros y corresponde a conceptos que no fueron debidamente justificados de la subvención que el colectivo recibió en el año 2011 para su proyecto.

La asociación de mariscadores, cabe recordar, recibió directamente del Ayuntamiento 120.000 euros -una cantidad que curiosamente equivale a las ayudas que ahora se han destinado a todo el comercio y la hostelería para hacer frente a las consecuencias del Covid- para sufragar la puesta en marcha de una depuradora de moluscos en la parcela de La Chapela, cerca de Puente de Hierro, unos terrenos que también se habían puesto a su disposición previamente.

Los argumentos empleados desde el Ayuntamiento isleño a la hora de pedir la devolución de estas cantidades se basaban, principalmente, en que dicha cuantía no se había empleado en la construcción de la nave de la depuradora, que es en definitiva lo que se subvencionaba desde el Consistorio. Se incluían así como conceptos subvencionables gastos de personal como el salario que el presidente de la asociación de mariscadores se había asignado y un contrato relacionado con la construcción de dicha nave que se vinculaba a un familiar suyo, cuestiones ambas que el Ayuntamiento rechazó de plano.

Otra de las partidas no justificadas corresponde al IVA de las facturas presentadas ya que la Ley General de Subvenciones lo excluye expresamente como gasto subvencionable.

El reintegro parcial de la subvención fue aprobado por el pleno en abril de 2017. La asociación, que reclamaba incluso la concesión de una nueva subvención al Ayuntamiento con el decidido apoyo de algunos partidos políticos como el PP, anunció ya entonces que tomaría acciones judiciales contra el Ayuntamiento al que llegó incluso de acusar de "actitud persecutoria".