San Fernando

El conflicto de los antiguos colegios de Defensa se traslada a los tribunales

  • El Ayuntamiento anuncia que recurrirá a un contencioso al haber fracasado las negociaciones con la Junta

  • La Consejería de Educación rechaza la cesión de uso propuesta

Protestas de las ampas de los antiguos colegios de Defensa, unos días antes de las elecciones municipales de 2015.

Protestas de las ampas de los antiguos colegios de Defensa, unos días antes de las elecciones municipales de 2015. / rioja

La solución al problema que desde hace diez años arrastran los colegios de Defensa -uno de los principales problemas en materia educativa que presenta La Isla- vuelve a alejarse. Ayer, la alcaldesa, Patricia Cavada, anunció su intención de trasladar a los tribunales el conflicto que aqueja a estos centros educativos en los que cursan sus estudios cientos de niños isleños, una medida que supone abandonar la línea negociadora que hasta el momento no ha dado resultado alguno y que en cierto modo no deja de sorprender al implicar un enfrentamiento judicial entre dos administraciones gobernadas por el PSOE.

Al gobierno municipal, en todo caso, le quedaban pocas opciones toda vez que las tentativas llevadas a cabo durante los dos últimos años para solventar el complicado problema jurídico administrativo que arrastran los antiguos colegios de Defensa, los CEIP Vicente Tofiño, Juan Díaz de Solís y Cecilio Pujazón -y hasta su cierre en el pasado curso, también la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen- habían fracasado al toparse de bruces con el rechazo tajante de la Consejería de Educación y con la ausencia de alternativas sobre la mesa.

Cavada alude a "discrepancias juridicas" que han bloqueado la solución al problema

La alcaldesa, Patricia Cavada, reconoció ayer que, a pesar de todos los esfuerzos del equipo de gobierno y de los técnicos municipales, había "discrepancias jurídicas" aparentemente insalvables. Y lo dijo reconociendo abiertamente la implicación de la Delegación Territorial de Educación, del delegado del gobierno andaluz, Fernando López Gil, e incluso del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que conocedores de la situación -aseguró- "han buscando intensamente una solución al problema".

En estos centros, de hecho, se acumulan impagos de recibos de luz y agua a los que nadie hace frente y notorias carencias que han desatado las reiteradas protestas de los padres, que denuncian, además de los muchos inconvenientes que arrastran las instalaciones -y que se agravan con el paso del tiempo-, el agravio comparativo que sufren estos alumnos que cursan sus estudios en colegios públicos "desamparados" porque ninguna administración, en realidad, se hace cargo de ellos.

Un convenio que regulara una cesión de uso era la fórmula que se había propuesto desde el Ayuntamiento -y que incluso la Delegación Territorial había visto con buenos ojos- para solventar el problema de estos colegios. Planteaba una vía intermedia para repartir la carga de estos centros entre ambas administraciones, propiciar inversiones para su puesta a punto desde la Junta de Andalucía y asegurar su mantenimiento habitual desde el Ayuntamiento, tal y como se hace con el resto de centros escolares. Dicha propuesta había sido redactada por técnicos municipales y había sido negociada en varias reuniones mantenidas entre ambas administraciones.

Cavada, en este sentido, afirmó que se había actuado "desde el minuto uno" y recordó las reuniones "al más alto nivel" que se habían desarrollado con la consejera de Educación, su secretario general, técnicos de ambas administraciones, interventor, delegado de Educación de la Junta y Defensa. Sin embargo, admitió la regidora, dicha propuesta no ha sido aceptada. "No se ha entendido y no han encontrado fórmula viable ni alternativa posible para dar solución satisfactoria a un asunto que ya no puede esperar más", afirmó. De ahí la decisión de interponer un contencioso contra la Junta de Andalucía habida cuenta de la situación de bloqueo a la que han quedado nuevamente abocados los colegios de Defensa. En este recurso, el gobierno exigirá a la administración autonómica que asuma el mantenimiento de los colegios -tal y como por otro lado reclamaba el PP-al haber descartado la vía intermedia que suponía la fórmula de la cesión de uso que se proponía para compartir las cargas y solventar el problema de estos colegios.

Con ello persigue una resolución jurídica que aclare definitivamente la situación de estos tres centros educativos y que permita regular de una vez su mantenimiento. Eso sí, la posibilidad de que esta solución llegue a los colegios a corto plazo vuelve a escaparse.

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