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Servicios Municipales

UGT advierte de los incumplimientos del contrato de ayuda a domicilio en San Fernando

  • La representación sindical ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo

  • UGT habla de un desfase anual de casi 14.500 euros entre lo previsto en el precio de este contrato para la ropa de trabajo y que paga el Ayuntamiento y lo que realmente gasta la adjudicataria

Una persona mayor con bastón, en una imagen de archivo.

Una persona mayor con bastón, en una imagen de archivo. / Julio González

La representación sindical de UGT en el comité de empresa de Claros SCA, la adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Fernando ha denunciado ante la Inspección de Trabajo los "numerosos, graves y continuos incumplimientos del contrato", entre ellos la falta de ropa de trabajo entregada a las empleadas para atender a los usuarios.

"Desde el principio del contrato, el 16 de marzo de 2019, se vienen produciendo diversas irregularidades en la prestación del contrato, que han afectado a los derechos de la plantilla, de los usuarios y de los ciudadanos en general, y que han mermado en muchos casos la calidad de la prestación del servicio", advierte el sindicato.

La representación sindical explica que ya había denunciado estas irregularidades tanto a la empresa como al equipo de gobierno, "en las escasas reuniones que se han podido mantener en estos casi tres años". De hecho, ironiza, "la propia Patricia Cavada aún no ha tenido un huequito en su agenda para atender a las 150 trabajadoras del servicio desde que accedió al cargo en 2015, tratándose además de la empresa en la que trabajan más mujeres de todo San Fernando". Ademán lamenta "el desinterés y la apatía con la que tanto Jaime Armario como Virginia Barrera han recibido sus quejas y denuncias, a pesar de que es suya la responsabilidad", tanto por la contratación de Claros SCA como de hacer cumplir el contrato. "Sorprende que nadie en el Ayuntamiento se haya preocupado por hacer un seguimiento del cumplimiento del contrato", apunta.

Una de las denuncias gira en torno al vestuario que la empresa tendrían que dar a la plantilla y el que realmente da. El informe económico municipal en el que se basa el precio del servicio desglosa los gastos en esta materia que debe afrontar la empresa, plantea UGT. Según esto el gasto en vestuario debería ser de 186 euros por trabajador al año. Dado que entonces formaban parte de la plantilla 135 trabajadoras, el montante anual ascendía a 25.110 euros anuales. El sindicato calcula, sin embargo, que la empresa destina unos 42 euros para la ropa de trabajo, por lo que gasta unos 5.670 euros (con la referencia de 135 trabajadores).

"Existe un desfase de 142 euros por trabajador al año. Esa falta del vestuario adecuado y suficiente ha sido suplida en la mayoría de los casos por las propias trabajadoras, usando su ropa personal (e incluso adquiriendo de su bolsillo otras partes del vestuario como pantalones, camisetas, polos o chubasqueros)", expone. "En este servicio se trabaja con productos de limpieza, con productos corrosivos y muchas veces con todo tipo de fluidos corporales de los usuarios y una bata de mala calidad como la proporcionada no puede evitar que manche el resto de la ropa que se usa durante el servicio", aclaran.

La diferencia entre los previsto por el Ayuntamiento para vestuario que paga a Claros SCA y lo que realmente gasta la empresa es de 19.440 euros anuales, insiste UGT. Eso en un contrato que ha sufrido dos ampliaciones, "una aún por publicar oficialmente", del contrato, una por valor de 837.309 euros con fecha de 30 de diciembre de 2020 y otra de 1.465.290,75 euros a fecha del 23 de septiembre de este año. "Ambas suman 2.302.599,75 euros más al contrato original. Y en el precio que se va a pagar por ambas, también va incluido su parte correspondiente para pagar este concepto del vestuario que no se cumple por parte de la empresa", añaden. En global en tres años con ambas ampliaciones el montante por el incumplimiento del concepto de vestuario puede ser más de 100.000 euros, según la estimación sindical. "Dinero que ha engrosado el bolsillo de la empresa, sin que esta haya cumplido con su obligación contractual, y sin que nadie en el Ayuntamiento haya controlado ni exigido el cumplimiento del mismo. Y ello, a pesar de las reiteradas ocasiones en las que la representación sindical de las trabajadoras ha alertado de esta circunstancia a los concejales encargados del tema", finalizan.

Esta es solo la primera de las denuncias que han presentado ya ante la inspección de trabajo, y que irán desglosando y exponiendo públicamente en los próximos días.

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