La ubicación del Parque de la Historia y del Mar en dominio público marítimo terrestre no ayuda a contar con una solución para estas instalaciones. La Ley, recuerda el alcalde, José Loaiza, tasa los usos que puedan dársele y que están vinculados con que sea un servicio público. Eso ha impedido que la última licitación para su gestión fuera exitosa, y muy por el contrario hizo que quedara desierta. "Es complicado, y lo sabíamos, porque la ley es restrictiva", insiste el regidor isleño, que tiene sobre las mesa al menos dos operaciones para buscar un futuro para este edificio situado junto a Puente de Hierro, pero de las que no ha querido adelantar detalles.

Una de las opciones en las que trabajan es convertir la zona en suelo urbano consolidado, de forma que se eliminaría la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, y por tanto, se ampliaría el abanico de posibilidades para el Parque de la Historia y del Mar. La idea es que se vuelva a establecer un nuevo deslinde en esta superficie. "Toda esta cuestión está en estudio", apunta el dirigente popular, que se refiere a que el asunto ya se ha expuesto a los responsables de Costas, concretamente al representante de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet; además de que la documentación ya se encuentra en la Dirección General de Costas en Madrid.

Esta tramitación se incluye dentro de la propuesta para sacar de las viviendas de la Aguada de San Juan del dominio público marítimo terrestre, lo que hará que los vecinos tengan seguridad jurídica respecto a sus propiedades. El proyecto de deslinde se extiende desde el Puente Zuazo a la zona de La Clica.

Esta posibilidad se justifica, apunta Loaiza, ante la falta de ofertas que se presentaron en el último periodo abierto para que empresas interesadas se hicieran cargo de la gestión. El Gobierno municipal defendía que las condiciones que se establecían cumplían con las necesidades de la ciudad, que pasaban por que no costara nada al ciudadano, como bien recordó el alcalde hace unos días. Eso frenaba a los empresarios dispuestos a hacerse con la explotación, porque querían que el municipio se hiciera cargo del posible déficit del parque y los acuarios. "Abrir un acuario es complicado, cuando otras instalaciones similares están teniendo problemas económicos e incluso cerrando", abundó en esta idea de falta de viabilidad el regidor.

Ya entonces el PSOE dudaba de gestión planteada: un servicio público -para el que se habían ampliado los usos, aunque limitados por estar dominio público, a cultural, científico, museístico, educativo, hotelero y de ocio- del que se haría cargo una concesionaria. La portavoz, Patricia Cavada, defendía la necesidad de realizar un informe de viabilidad, porque el estudio realizado apuntaba que para conseguir la rentabilidad de este espacio haría falta un volumen "demasiado elevado" de visitas. Igualmente, insistía en que se debatiera la ampliación de usos.

Precisamente, eso busca ahora el Ayuntamiento que considera que con el nuevo deslinde todo será "más fácil". A pesar de ello José Loaiza aseguró que sobre la mesa hay otra operación posible, que no necesitaría esta operación administrativa. No quiso, sin embargo, explicarla "para no crear falsas esperanzas".