Representantes de los distintos colegios profesionales, funcionarios y colectivos de la Justicia conocieron ayer de primera mano los detalles del nuevo edificio donde se ubicarán en unos meses las dependencias judiciales de la ciudad, y del proyecto para adaptar la superficie que ocupará a las exigencias de la actividad. Estas obras para las que ya se cuenta con la licencia municipal está previsto que comiencen la próxima semana. Eso sí, la Junta de Andalucía mantendrá encuentros sectoriales para conocer la opinión de los distintos grupos que desempeñan su labor en estas instalaciones a fin de ajustar la propuesta de acondicionamiento a sus demandas. Ayer se esperaba la presencia del consejero de Justicia, Emilio de Llera, que no pudo asistir y fue sustituido por la secretaria general de Justicia, Mercedes Fernández Ordoñez, a la que acompañaron el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, y la alcaldesa isleña, Patricia Cavada.

"Si todo va como está previsto, los plazos se cumplirán y tal y como prometió el consejero la nueva sede judicial de San Fernando estará en funcionamiento a finales de año", aseguraba López Gil, que recordó que las obras pendientes tienen un plazo de ejecución de tres meses. A eso se sumaría un periodo de mudanza que la propia Administración andaluza estima podría abarcar un mes "desde el momento que nos entreguen las llaves".

El espacio que sustituirá al actual inmueble de la plaza de San José se encuentra en los bajos de una finca de reciente construcción en plena calle Real, en las inmediaciones de la iglesia del Carmen, con una superficie de unos 1.800 metros cuadrados, frente a los 1.038 de ahora. En Real 229 se ubicaban las históricas cocheras de Tranvía, que se crearon a principios del siglo XX, en unos terrenos que precisamente habían pertenecido al convento del Carmen. Se trata, por tanto, de una situación estratégica dentro de la ciudad, con buenas comunicaciones, facilidad de acceso y una parada del futuro tranvía a escasos metros. A eso se une que en Batallones de Marina tendrá un acceso directo para la entrada de los furgones de Guardia Civil y los vehículos de la Policía Nacional.

En la distribución del espacio, según explicaron los responsables del edificio, destaca la centralización de la zona pública de la sede judicial en la parte más cercana a las dos entradas, de manera que no tengan que pasar por las zonas interiores. Están en dos niveles diferentes, la de Real más alta y la de Batallones de Marina en el lado inferior (el edificio está situado en pendiente). Concretamente por el acceso de Real se estará cerca de las tres salas de vistas previstas, algo que lo diferencia de las dependencias actuales donde los tres Juzgados existentes comparten dos salas de vistas, con el consiguiente retraso de la actividad judicial que eso conlleva. También se habilitarán salas de espera para que quienes vayan a declarar tengan cierta intimidad (algo que no sucede en los Juzgados de San José) frente al público en general. Mientras, por Batallones los usuarios podrán entrar al registro civil y a los servicios comunes. Estos dos puntos más públicos estarán conectados por una galería paralela a la fachada del edificio por avenida de la Marina, donde se abrirán huecos que permitan la entrada de luz natural al interior.

Por su parte, los tres Juzgados tendrán sus oficinas y áreas administrativas bien equipadas, con una sala de tramitación para los funcionarios, dos despachos (del juez y del secretario), una zona de archivo y aseo. Dos piezas más plantea el proyecto, que tendrán su vestíbulo previo, como el despacho de Fiscalía y la Clínica Forense, además de sala para procuradores y abogados. En el área restringuida se ubicará el retén de Guardia Civil, los calabozos, sala de reconocimiento y un despacho para declaraciones.