El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha sido citado a declarar ante el juez en el procedimiento sobre las obras para el proyecto de fondo de barril de Cepsa, previsto para el próximo lunes. El edil, que afirma haber conocido la noticia por la prensa, se ha mostrado "tranquilo" porque todas sus decisiones han estado "respaldadas por informes técnicos y jurídicos", aunque le gustaría contar con más tiempo para que su abogado pudiera estudiar a fondo el expediente judicial.

El regidor sanroqueño ha señalado que “he conocido, primero por la prensa, que estoy citado para declarar en el procedimiento que Verdemar ha emprendido contra distintas licencias de lo que se conoce como el proyecto fondo de barril. En este caso, por una licencia de una red de tuberías que se desarrollaban en la zona de extensión de nuestro PGOU, de la modificación del mismo que permitía sumar en el entorno del Polígono Industrial de Guadarranque 29 hectáreas de suelos industriales”.

“He recibido esa notificación para que el próximo lunes 15  de febrero preste declaración en ese procedimiento que impulsa Verdemar en contra de unas resoluciones que siempre han estado avaladas por los técnicos municipales y por la asesoría jurídica de esta casa. Unas decisiones que se han tomado para facilitar y promover que exista mayor riqueza y empleo en el municipio”, ha dicho Boix.

“Acudiré con la conciencia tranquila de que todas mis decisiones como alcalde vienen avaladas por los distintos informes técnicos y jurídicos. Sí lamento que esta citación haya llegado antes a la prensa que a mí, y sobre todo el escaso tiempo” disponible para preparar el asunto, ha señalado el edil. “Mi abogado está trabajando en conseguir más tiempo y conocer todo lo que haya en ese procedimiento, todas las diligencias previas que se hayan podido realizar y la cantidad ingente de papeles que compondrá ese expediente. Hasta la fecha 10 de febrero, todavía ni había sido personado ni citado ni declarado como investigado”, ha aclarado.

El alcalde ha comentado que el pasado mes de octubre el proyecto obtuvo “la declaración de impacto ambiental que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Y en enero de este mismo año, hace tan solo unos días, se obtuvo la autorización ambiental integrada que corresponde a la Junta de Andalucía. Ahora es cuando se inicia la tarea municipal de algunos tramites urbanísticos, y cuando se ha aprobado de forma inicial la reparcelación”.

"Estamos ante un Estado español social y de derecho, con muchísimas habilidades garantistas para que ese proyecto se pueda realizar con todas las garantías y todos los avales técnicos medioambientales y jurídicos que corresponden”, ha añadido.Por otro lado, el regidor sanroqueño se ha referido “al debate” que existe sobre la idoneidad de este proyecto. Por un lado, desde el Gobierno del Estado “apuestan por una inversión que algunos cifran en mil millones de euros”, mientras desde la Junta de Andalucía se cuenta con “el aval del proyecto estratégico, que así lo recogía una resolución del Consejo de Gobierno, señalando esa misma cifra, que no seré yo quien la avale sino que me ceñiré en las propuestas técnicas y a la petición de licencia". 

“Ese debate ha estado durante mucho tiempo en los medios de comunicación. En algunos sectores a favor de ese proyecto se me ha tachado de que soy un obstaculizador, que frena esa inversión y que la retarda. Existen otros grupos, que principalmente lo representan Verdemar, los ecologistas y algunos grupos asociados a los círculos de Podemos y Adelante Andalucía que se han manifestado de forma rotunda en contra, y me denuncian y señalan que tengo complicidad en el proyecto”, ha continuado.

“¿A quien le digo que tiene la razón? ¿Con cual de esos dos grupos está este alcalde? Con el de la legalidad, porque todas las decisiones que yo alcanzo siempre vienen con informes técnicos y jurídicos que avalan cada una de esas resoluciones”, ha concluido Ruiz Boix.