El Ayuntamiento de San Roque prosigue con la tramitación administrativa de los tres trámites urbanísticos necesarios para el proyecto del Fondo de barril promovido por la compañía Cepsa en el municipio y que su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha defendido este lunes como un proceso "transparente y con plenas garantías".

El regidor sanroqueño se ha pronunciado así tras conocerse que Verdemar-Ecologistas en Acción se ha sumado como acusación particular a las diligencias abiertas por el Juzgado Mixto nº 1 de San Roque por los movimientos de tierra realizados por Cepsa en terrenos de su propiedad en el paraje de Montes de los Castellones. 

"Vivo con la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos favorables y sin recibir ninguna presión. Ya sea de las entidades que están de acuerdo con la iniciativa como de quienes tratan de amenazarme y advertirme de que quieren decidir sobre el futuro industrial de San Roque sin que les corresponda", ha valorado Ruiz Boix a Europa Sur. 

El alcalde sanroqueño ha especificado que en este proyecto, declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía, afronta en la actualidad varios trámites ante Urbanismo que siguen su curso. 

Actualmente, se encuentra en desarrollo el proyecto de reparcelación tras la reciente conclusión, la semana pasada, del periodo de alegaciones con un total de cuatro solicitudes presentadas. "Estas cuatro alegaciones podrían alterar el proyecto de reparcelación. Y requerirán de su estudio y resolución antes de su aprobación definitiva o de su modificación, si procede", ha aclarado el alcalde.

Las entidades que han alegado son Verdemar, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) dependiente del Ministerio de Transportes (antiguo Fomento), la Unidad de Carreteras del mismo ministerio y la compañía Acerinox. "Las alegaciones de Verdemar son habituales y entraban en lo esperado. Pero nos ha sorprendido la de la organización estatal. Todas van a estudiarse", ha subrayado Ruiz Boix. 

"Cualquier proyecto urbanístico tiene muchos protagonistas. Y ahora actores invitados que requerirán del estudio de sus alegaciones y la posibilidad de que, conforme a estas, se apruebe definitivamente el estudio de reparcelación o sufra cambios", ha advertido. 

Una vez superado ese trámite, quedarán dos más por parte del Consistorio. El siguiente sería el estudio de detalle, nuevamente con aprobación inicial, periodo de exposición al público y alegaciones, así como la aprobación definitiva. "Ya en tercer lugar iría el proyecto de urbanización y la solicitud de licencia de obras", ha aclarado el alcalde para subrayar que hay plenas garantías de que todo el proceso va a ser desarrollado conforme a las normas urbanísticas. 

No obstante, la querella de Verdemar supone un nuevo episodio dentro del proyecto mientras que entidades como el sindicato UGT reclaman celeridad para la iniciativa empresarial. La formalización de la querella por un presunto delito de prevaricación es un requisito formal que el juzgado había exigido a los ecologistas para poder formar parte de las actuaciones tras la denuncia que presentaron en 2019 ante la Fiscalía.

Ante este trámite, Ruiz Boix ha insistido en que todas las actuaciones se han desarrollado y se desarrollarán "conforme a la legislación" y siempre con informes favorables. 

Ruiz Boix ha matizado no obstante que el proyecto ha sufrido también cambios en el seno de Cepsa, como promotora de la iniciativa. "Los protagonistas de este proyecto del grupo Cepsa en 2021 no son los mismos que lo promovieron en 2019. Cepsa ha renovado a los responsables del proyecto desde entonces, ninguno continúa", ha concluido.