San Roque

El Pleno del Ayuntamiento de San Roque aprueba un presupuesto de 72,5 millones de euros

  • La corporación también da el visto bueno para el uso de 12 millones del remanente de tesorería para varios proyectos

El Pleno del Ayuntamiento de San Roque, celebrado de forma telemática.

El Pleno del Ayuntamiento de San Roque, celebrado de forma telemática. / E. S.

El Pleno del Ayuntamiento de San Roque, celebrado de forma telemática, aprobó este jueves el Presupuesto Municipal para 2021, que superará los 72,5 millones de euros, algo más de un 6% con respecto al de 2020. A pesar de este incremento, la presión fiscal disminuirá un ejercicio más al eliminarse el canon de mejora del agua. Entre las partidas más importantes destacan los más de 15 millones del Plan de Inversiones, los más de 6 millones para políticas sociales y los 2,2 millones para crear empleo a través de las empresas municipales Emadesa y Amanecer. Además, se reservan 3,2 millones para los gastos de liquidación de la parcela TG-22, en Torreguadiaro.

El alcalde calificó los presupuestos de “abiertos” para atender las cambiantes necesidades que provoca la pandemia; “ambiciosos”, porque se contemplan actuaciones en todos los núcleos de población; y “equilibrados, porque a pesar de que el Gobierno Central ha eliminado la necesidad de respetar el techo de gasto, el incremento respecto a 2020 es sólo del 6%, buscando sobre todo no generar deuda para el futuro".

Se trata de la aprobación inicial, con el objetivo de que antes de fin de año puedan aprobarse de manera definitiva y estar vigentes el 1 de enero de 2021.

En cuanto a los grandes números, el Presupuesto del Ayuntamiento está nivelado por un total de 70.165.491,17 euros. En lo referente a las empresas municipales, Emroque presenta superávit de poco más de 6.000 euros, rozando los 2,9 millones de euros. El resto de las sociedades públicas presentan cuentas niveladas: Emadesa, por 7,3 millones; Multimedia, por 1,5 millones; Amanecer, por 2,23 millones; y la empresa mixta Emgreal, por 25.800 euros.

En cuanto a los ingresos del Ayuntamiento, se superan los 72,8 millones de euros. Hay que destacar el aumento del importe correspondiente a multas por infracciones urbanísticas, al haberse abierto distintos expedientes sancionadores.

Los gastos de personal ascienden a 19,5 millones de euros, con un incremento respecto al presente año de casi 400.000 euros, debido a las previsiones recogidas en la Oferta Pública de Empleo.

Los gastos corrientes superan los 17,6 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 2020 de casi 2,5 millones. Entre ellas, destacan las partidas sociales, por importe de 5,2 millones, 1,8 más que en el actual ejercicio presupuestario.

Aunque el Ayuntamiento sigue sin tener deuda pendiente, se realiza una previsión de 3,2 millones de gastos correspondiente a las estimaciones de pago de intereses que emanen de la ejecución de la sentencia de la parcela TG-22.

Las transferencias corrientes se mantienen prácticamente igual que en 2020, por un importe de 13,4 millones de euros. Eso sí, se han incrementado las partidas correspondientes a asistencia social primaria, que ya este año han aumentado en un 43% respecto a 2019. Se trata de cuestiones como ayudas económicas de atención social y el programa de ayudas económicas familiares.

Las inversiones reales se sitúan en poco más de 15 millones de euros. Se consignan los créditos relativos a los proyectos de inversión de 2020 y anteriores en vías de ejecución. Entre las novedades, la adquisición y reforma del pabellón del Complejo Diego Salinas, actualmente de la Junta de Andalucía; la remodelación de los complejos deportivos de Pueblo Nuevo y Bahía; la compra e inicio de obras de un nuevo recinto ferial en San Roque ciudad; y el inicio de las obras del pabellón de Taraguilla.

La portavoz del PP, Marina García, denunció que "históricamente se ha incumplido la regla de gastos" y calificó de "ficticios" los ingresos, lamentó las obras inacabadas en el municipio, los gastos en personal de confianza, la ausencia de RPT y PGOU. La portavoz de San Roque 100x100, Mayte García, criticó que se hayan presupuestado partidas para fiestas, "que se saben no se van a realizar". El portavoz de Adelante, Julio labrador, apuntó que "se trata del mismo presupuesto de años anteriores, que no se pueden enmendar, y que se gasta en la Iglesia, en empleos", mientras que el de Ciudadanos, Pedro Mancha, criticó la "falta de tiempo para su estudio", y algunos gastos como "los de propaganda, gastos jurídicos o ingresos de la Universidad Popular". El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, calificó de "irreales" los ingresos, las contrataciones de personal temporal y la externalización de servicios.

El alcalde defendió que son unos presupuestos "equitativos, vivos y dinámicos" y entró en detalle de algunos puntos criticados por la oposición sobre gastos y partidas. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, y el voto en contra de PP y San Roque 100x100, Adelante San Roque, Ciudadanos y PIVG.

Otros asuntos

En la sesión, en la que se registró la ausencia del edil popular Ramón Aranda, que ha presentado su renuncia al acta de concejal al asumir el cargo de gerente del Consorcio de Transporte, se aprobaron otros asuntos. Uno de ellos y de relevancia es la aprobación inicial de un expediente de modificación de créditos para asignar 12 millones de euros a tres proyectos ante la posibilidad de incorporar el superávit presupuestario para gastos generales. Los proyectos son la construcción de tres residencias de mayores (8 millones de euros), pantallas arbóreas (200.000 euros), la rehabilitación de la fuente de La Alameda (300.000), la recuperación del acceso al Pinar del Rey (500.000) y la construcción de un puente peatonal entre San Enrique y Guadiaro (3 millones).

Además, se dio luz verde al inicio del expediente para la reversión al Ayuntamiento de la Casa de Ejercicios Espirituales Cristo Rey, que fue cedida a la parroquia Santa María la Coronada en 1961. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2019 el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que el inmueble estaba puesto a la venta y se instó al Obispado de Cádiz y Ceuta a la paralización de su venta, a la vez que se le solicitó la reversión inmediata al Ayuntamiento.

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