EL jueves pasado, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud presidido por la nueva ministra de sanidad, se abordó la decisión de devolver la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos que residan en España.

Se va a poner fin así a una decisión xenófoba y equivocada que se puso en vigor en España en 2012 en una decisión unilateral del Gobierno de Rajoy que rompió un consenso existente desde la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 y que perjudicó a españoles y a inmigrantes irregulares. A los españoles nos perjudicó porque cambió el objeto del derecho que pasó de ser el de protección de la salud y atención sanitaria a ser de sólo asistencia sanitaria. Y también porque pasó de ser un derecho ciudadano para ser un derecho sólo en el caso de estar asegurado. Cambios conceptuales de enorme calado aunque sean conceptos alejados al común de los ciudadanos.

A los inmigrantes en situación irregular, les perjudicó porque les negaba un derecho fundamental al ser humano, en una decisión tan injusta e inútil que fue corregida en la práctica por la totalidad de las CCAA de uno y otro signo, aún cuando esas iniciativas hubieran sido recurridas al Tribunal Constitucional por el anterior gobierno presidido por Rajoy. Se va a corregir así una decisión equivocada que no encontró eco ni apoyo en el mundo de la sanidad pública (CCAA, profesionales, ONGs, secciones sanitarias de la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, etcétera) y se va a sentar la base para poder desarrollar medidas que fortalezcan un Sistema Nacional de Salud de verdad que haga justicia a lo que implica conceptualmente que se denomine así nuestro sistema.

Conviene señalar que en relación a la cobertura universal hay algunas falacias y estereotipos que suelen aflorar en cualquier debate al respecto; una de ellas es que dar cobertura a inmigrantes irregulares es una medida de un gran coste económico. Al contrario, todos los estudios publicados demuestran que al ser generalmente personas jóvenes y sanas, el uso de servicios de salud por parte de esta población es escaso y siempre de menor intensidad que la población general española. Además de ello, la cobertura que en la práctica ya realizan a este colectivo las Comunidades Autónomas, hace irrelevante el coste de la medida legal que ahora se va a adoptar.

En cualquier caso, aprovecho estas líneas para reivindicar una mayor vigilancia de los servicios de inspección de trabajo para aflorar el empleo sumergido que algunos empresarios hacen a inmigrantes que trabajan sin contratos legales en contra de su voluntad, lo cual haría que el número de irregulares pudiera ser significativamente menor.

Después de trabajar estos casi 7 años en el Congreso de los Diputados y en el Senado en la línea de conseguir derogar estos pasos atrás dados con el Real Decreto Ley 16/2012, me congratulo de que vayamos a estar de nuevo todos en la sanidad y recuperar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria que nos fue arrebatado a todos los españoles y a los inmigrantes. Decisiones como esta hacen que la sanidad en España sea la de un país moderno y responsable. Respetar los derechos humanos es trabajar por la dignidad.