El informe jurídico encargado por Aguas de Cádiz, que va a ser el soporte por el cual esta empresa pública va a presentar una denuncia penal contra su vicepresidente, Ignacio Romaní, y el creador del Observatorio de la Responsabilidad Social, Carlos Guillén, si así lo decide su consejo de administración, percibe en la operación que le costó al ente 42.000 euros cuatro delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público y falsificación documental, si bien en las conclusiones sólo argumenta el último y ni en una sola ocasión menciona al portavoz municipal del PP.

Entre los años 2011 y 2014 Carlos Guillén, que ofreció sus servicios en el nombre de la Universidad de Cádiz, percibió cuatro partidas de 12.000 y 10.000 euros a cambio, primero, de un trabajo sobre la responsabilidad social en las empresas municipales de Cádiz y, después, por unas jornadas sobre Responsabilidad Social, que se celebraron, pero sin que el logo de Aguas de Cádiz apareciera como organizador. La Universidad de Cádiz nunca tuvo conocimiento de esta relación y Aguas de Cádiz no recibió ningún trabajo. Carlos Guillén fue el director de la tesis que convirtió a Ignacio Romaní en doctor en el año 2013. El trabajo de Romaní también trataba sobre responsabilidad social en las empresas municipales de Cádiz, que es el epígrafe que aparece en la primera propuesta de Guillén.

Según el citado informe, que fue entregado ayer a los consejeros de la empresa pública, se detectan cuatro posibles delitos. La prevaricación se produce si una autoridad dicta una resolución arbitraria, a sabiendas, en un asunto administrativo. La pena mínima es de inhabilitación por siete años. La malversación conlleva ánimo de lucro y se da si se sustraen caudales públicos para la propia autoridad o para un tercero. Aquí la pena es de prisión por un mínimo de tres años. El fraude a ente público está relacionado con la contratación pública y tiene que haber un concierto entre un cargo de la Administración y una figura externa con el ánimo de defraudar dinero público. Aquí hay penas para el cargo público y para el beneficiario. La mínima para el cargo público es de inhabilitación por seis años y un año de prisión. Al beneficiario se le castiga con un mínimo de dos años sin poder acceder a subvenciones ni ayudas públicas. Sobre ninguno de estos tres delitos el informe desarrolla su relación con el caso, aunque se insinúan.

Sí se detalla el último de los delitos que analiza el informe jurídico, que es el de falsificación documental, que se produce al simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Esto es lo que Aguas de Cádiz considera que hizo Guillén utilizando el membrete de la Universidad de Cádiz para ofrecer sus servicios. La pena mínima es de tres años de prisión.

Sostiene el informe que "resulta fundamental la misiva remitida por Carlos Guillén en la que en su condición de responsable de un grupo de investigación de la UCA y utilizando el nombre y el membrete de ésta, crea la apariencia de participación de una universidad pública en el proyecto que según declaraciones de la UCA nada tiene que ver con ella".

Los asesores jurídicos a los que Aguas de Cádiz solicita el informe creen que no se encuentran ante una mera ilegalidad administrativa, "sino una posible desviación de poder y falta de competencia de los actos decisorios y ejecutivos que se adoptan, de los que a su vez se deriva un lucro para un tercer constituido por fondos públicos". Por ello, considera conveniente que se pongan los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, siendo la adecuada la vía de lo penal. Los consejeros de Aguas de Cádiz decidirán en los próximos días, ya que PSOE y Podemos son mayoría, denunciar ante el juzgado el caso del director de la tesis doctoral de Ignacio Romaní, sin embargo, fuentes socialistas no entendieron que el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, concejal de Podemos, pusiera esta decisión en manos del consejo y no fuera él mismo, "tal y como se le facultó", quien pusiera en conocimiento de la Fiscalía este informe.

Por su parte, desde el PP se considera muy muy pobre el informe jurídico, ya que se limita a enumerar delitos sin indicar en qué momento se producen esos delitos, al menos en el caso de Ignacio Romaní. "Esto no es mucho más que cortar y pegar unos artículos que se pudieran considerar, o no, que se amoldan al asunto sobre el que se le pide una opinión. Lo puede hacer cualquiera en media hora", explicaban estas fuentes del PP ajenas a la posición oficial que el partido expresaría en nota de prensa.

El informe, aparte de detallar los delitos, hace un relato de los hechos para llegar a sus concluisones finales. Empieza por el momento en que Carlos Guillén remite a Aguas de Cádiz un proyecto de investigación "que da la apariencia de que es una línea de trabajo del grupo de investigación FQM 311 de la Universidad de Cádiz junto con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Corporativa". Tanto el grupo de trabajo como el observatorio tienen a la misma persona al frente: Carlos Guillén. Se utiliza en esta misiva el membrete de la UCA y de la Facultad de Ciencias del Trabajo, al la que pertenece Guillén.

El inspector general de servicios de la UCA remitió el pasado 4 de junio un escrito a Aguas de Cádiz, a petición de su consejo de administración, en el que "se desvincula de cualquier posible relación con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, así como con la Asociación de Profesionales de Psicología Social o la Asociación de Responsabilidad Social de la Empresa". Todas estas entidades aparecen en algún momento u otro en las facturas y todas están relacionadas directamente con un solo nombre, el del director de la tesis de Romaní, Carlos Guillén.

En este mismo escrito la UCA manifestó su "desconocimiento" en relación con la elaboración de ningún informe para Aguas de Cádiz. También se desvinculaba la UCA de la participación en la organización sobre las jornadas de Responsabilidad Social. Las facturas de 10.000 euros cada una hacían referencia a estas jornadas, pero en éstas, que se celebraron, no aparece el logo de Aguas de Cádiz, pero, curiosamente, sí el de la Universidad de Cádiz, que dice no saber nada sobre ellas. En sus registros no aparece.

También se detiene el informe en la auditoría que presentó Carlos Guillén sobre responsabilidad social y que sólo se ha conocido tras saltar el caso a los medios de comunicación. De hecho, fue a los medios a los que se les enteregó el pasado mes de abril, aunque Guillén dijo que en 2015 (en declaraciones enteriores a este medio había dicho que en septiembre de 2014) la había entregado en mano en Aguas de Cádiz, pero sin pasar por el registro. Aquí las conclusiones jurídicas aseguran que un informe de este tipo "debería de haberse sustanciado por los cauces y conforme a los requisitos que determinaba la normativa de contratos del sector público vigente en el momento que acontecieron los hechos". Es decir, Guillén habría elaborado un informe que, en realidad, no le había pedido nadie. Pero habría cobrado por él.

En cualquier caso, "no se tiene constancia de la existencia del informe de auditoría hasta el momento en que se remite copia del mismo por parte del bufete de abogados que representa a Carlos Guillén el pasado mes de mayo. A pesar de no exisitr constancia del informe de auditoría hasta el pasado mayo, se emitieron dos facturas, la primera de ellas en el año 2011 y 2012 con el concepto 'investigación aplicada para evaluar el nivel de conocimientos y nivel de prácticas de la responsabilidad social, así como formación necesaria dentro del ámbito de las empresas de Cádiz'". El informe entregado no se ajusta a este planteamiento. "Ambas facturas fueron abonadas por la empresa sin que conste ningún otro documento que acompañara a las mismas y que justificara de algún modo el estado en el que se encontraba la presunta investigación o formación que se estaban facturando".

Lo que se entrega al final (el pasado mayo) es una Memoria de Sosenibilidad... "Este informe de auditoría no cumplió con la finalidad que establecía en el momento en que la empresa no tenía constancia de su existencia". La empresa no podía mejorar en los ámbitos tratados porque la empresa no lo conocía. Una vez analizado el informe por el que se pagaron al menos 22.000 euros y que nadie conoció hasta 2018, el análisis jurídico habla de que "es palpable la escasa calidad técnica y falta de rigurosidad que reflejan los datos que se contienen en el mismo, que en ningún caso justifican el importe que se abonó".

El último apartado es para la celebración de jornadas , por las que se emitieron facturas bajo el epígrafe de "gastos derivados del proyecto formativo". El informe hace constar la inexistencia de "expediente que justifique la concesión y regulación de estas ayudas, así como la justificación por parte del beneficiario conforme dispone la normativa en materia de subvenciones vigente en el momento de los hechos". Todas las facturas estaban firmadas por Romaní.