Consecuencias del nuevo criterio de la audiencia Un documento constata que el Gobierno de Hernán lo sabía y no actuó

150 casos de obra nueva prescriben en El Puerto por la inacción de IP

  • En febrero de 2005, al aparecer los primeros certificados falsos, el secretario general del Ayuntamiento urgió a los dirigentes a denunciar, pero nadie lo hizo; en caso contrario, nada hubiera prescrito

Poco recorrido judicial les queda a la práctica totalidad de los más 160 casos de obra nueva presuntamente fraudulentos que el nuevo Gobierno del Partido Popular de El Puerto empezó a enviar a la Fiscalía de Cádiz en octubre de 2007, la mayoría de los cuales se han plasmado en denuncias interpuestas en los Juzgados de El Puerto por el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez.

Según ha podido comprobar este diario, la mayoría de los casos que han sido denunciados por el fiscal, al constatar que se trata de viviendas que han sido erigidas en su mayor parte en suelo no urbanizable, amparándose en certificados supuestamente falsos de antigüedad de casas inexistentes, datan de los años 2002 a 2004, cuando gobernaban en El Puerto los Independientes Portuenses de Hernán Díaz.

A la Fiscalía de Cádiz no comenzaron a llegar, de la mano del nuevo gobierno del PP surgido tras los comicios de mayo de 2007, hasta octubre de ese mismo 2007. Y Núñez, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, no comenzó a cursar las primeras denuncias hasta febrero de 2008, hasta terminar incoando del orden de 150.

De facto esto entraña que, dado que la Audiencia de Cádiz finalmente ha decidido adoptar el criterio de que los profesionales que suscriben dichos certificados no actúan en calidad de funcionarios públicos (en contra de la tesis que defendió el fiscal, y que había sido admitida en primera instancia), sino como particulares, por lo que el supuesto delito cometido, falsedad en documento público, prescribe a los tres años de los hechos, la inmensa mayoría de los casos van a ser archivados en los próximos meses.

Lo grave de toda esta historia es que ni uno solo de estos casos hubiera prescrito si los anteriores mandatarios de El Puerto hubieran atendido la orden expresa que formalizó el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Romero.

Este periódico ha tenido acceso a un documento interno que prueba que el gobierno de Hernán Díaz estaba al tanto de que en la ciudad comenzaban a detectarse casos fraudulentos de obra nueva y no tomaron medidas.

Fue en concreto el 18 de febrero de 2005 cuando el secretario municipal envió un correo electrónico a las personas que de modo más directo tenían encomendada la responsabilidad de atajar posibles irregularidades urbanísticas en El Puerto.

Empezando por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, siguiendo por el jefe de Licencias y Disciplina de dicha área, Fernando Jiménez Fornell, para terminar con el entonces gerente de la empresa municipal Serecop (que por convenio suscrito con el Ayuntamiento, tenía encomendadas tareas urbanísticas como las inspecciones ), Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, y la por aquellas fechas responsable del Área de Hacienda, María Jesús Sánchez.

Aunque en el caso de esta última edil, hay que aclarar que era ella precisamente la que había advertido al secretario de la existencia de diversas irregularidades detectadas en antigüedades de inmuebles.

De hecho, la orden que cursó el secretario (con copia también al asesor jurídico de Urbanismo y a un responsable de Medio Ambiente) comenzaba precisamente informando a todos los destinatarios del correo que se habían recibido en la Secretaría General oficios de la teniente de alcalde delegada de Hacienda relativos a expedientes remitidos por la sección del IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), "en los que, con ocasión de declaración a efectos de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles por la Oficina Técnica Catastral de Serecop, se pone de manifiesto la presunta falsedad de determinados certificados relativos a la antigüedad de los inmuebles".

La comunicación del secretario continuaba explicando que "actualmente está vigente el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa municipal Serecop para la obtención de información destinada al negociado de disciplina del Área de Urbanismo".

Así las cosas, instaba Jiménez Romero, "en virtud de ello, desde Serecop debe trasladarse directamente al servicio de Licencias y Disciplina Urbanística la documentación correspondiente a los expedientes catastrales en los que se ponga de manifiesto la presunta falsedad de certificaciones relativas a la antigüedad de los inmuebles".

Y la coletilla siguiente se revela ahora más que premonitoria. Porque, de modo textual, el secretario advertía a todos los que tenían la responsabilidad de frenar las irregularidades que comenzaban a detectarse en el término municipal, que "dichas comunicaciones deben producirse con la máxima rapidez, para evitar que se produzca la prescripción de posible s infracciones urbanísticas".

La orden del secretario iba más allá y recogía de modo literal al final que "una vez recibida la información en el Servicio de Licencias y Disciplina, se deberán poner en marcha por dicho servicio las correspondientes actuaciones en materia de disciplina urbanística, y las demás que procedan por la comisión de hechos que puedan incurrir en otras responsabilidades, así como las medidas encaminadas en orden a reflejar la situación real de los inmuebles en el orden registral".

El propio devenir de los acontecimientos que se han venido sucediendo con estas prácticas ilegales registradas en El Puerto ha constatado que la orden del secretario fue ignorada.

Ninguno de estos casos llegó a la Justicia, para que se depuraran las responsabilidades penales derivadas de las construcciones ilegales con documentos públicos falsos, durante el anterior mandato de IP.

Por ello ahora 150 casos van a terminar siendo archivados por los Juzgados de El Puerto, donde hoy en día se siguen tramitando las denuncias de Ángel Núñez, a tenor del criterio que ha impuesto la Audiencia.

Un criterio que ha asumido la Fiscalía de Cádiz, que ha descartado recurrir en casación al Supremo al considerar que uno de los autos que ha ratificado el archivo de un caso que había sido recurrido por el Ministerio público está muy bien fundamentado.

Falta por ver si las iniciativas emprendidas por Izquierda Unida, que ha pedido a la Fiscalía que busque resquicios legales para evitar la prescripción en masa de casos de este tipo y ha requerido en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Vivienda, surten al final algún efecto que pueda evitar que tantos delitos queden impunes. Falta por ver también si el PP de El Puerto, en cuyo seno el cambio de criterio de la Audiencia ha causado malestar y preocupación, promueve alguna medida para evitar los carpetazos judiciales.

En caso contrario, siempre quedaría a opción esbozada por el diputado autonómico de IU Ignacio García, de proceder de oficio contra los responsables de las prescripciones por su pasividad y/o permisividad. Unos responsables que, en el caso de El Puerto, tienen nombres y apellidos.

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