"Del caso Matadero al caso Tubío". Así rebautizó ayer el PP de Cádiz la causa que en su día se abrió contra su actuación en la adjudicación de las viviendas de esa promoción social y que quedó archivada de manera definitiva en junio pasado. En aquel entonces ya anunció el PP que emprendería acciones legales. Y esas acciones se han traducido en que los concejales de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila y Eva Tubío tendrán que declarar en las próximas semanas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gaditana como investigados por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa a dos ediles del anterior gobierno del PP. En la causa también están implicadas otras cuatro técnicos municipales -las dos hermanas de la concejal, Pilar y Susana Tubío, y Carmen Almadana y Carmen Moncada-, así como la abogada que asesoró a Izquierda Unida en las acciones del Caso Matadero, María Moreno.

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, indicó ayer que se pretende demostrar que el caso Matadero "fue una trama creada por el clan de las Tubío únicamente para inculpar" a las ediles del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez "con el único objetivo de desalojar al PP del Ayuntamiento". "Vamos a demostrar cómo esa trama se urdió con la colaboración necesaria de la Junta de Personal, IU, el PSOE y, en última instancia, el actual alcalde y su partido, Podemos, que se personó en la causa que se abrió en base a las denuncias falsas", explicó ayer el portavoz. Señaló además que el juzgado "no sólo admite la querella, sino que aprecia indicios claros de delitos de denuncia falsa, calumnias, falso testimonio, injurias, falsedad en documento público y prevaricación". Los populares se apresuraron ayer a exigir la dimisión inmediata de Vila y Tubío.