La polémica, y brumosa, medida recogida una futura Ley de Apoyo a la Maternidad planteada por el PP causa desconcierto tanto en instancias judiciales como en colectivos relacionados con los Derechos Humanos. Por fondo y por forma.

Pablo Casado, presentó esta semana en Cartagena varios puntos de una Ley de Apoyo a la Maternidad destinada a paliar el escenario de “invierno demográfico”. No habló allí, aunque luego lo confirmaron fuentes de su propio partido, de la medida que propondría ampliar a territorio estatal, y a mujeres inmigrantes, un formulismo desarrollado en la Comunidad de Madrid, destinado a mujeres de exclusión social. Mediante este protocolo, los datos de la mujer en situación irregular que dieran en adopción a su bebé quedarían “blindados” entre administraciones mientras dura el proceso. El objetivo, según este plan ampliado, sería paliar tanto el número de abortos como los casos de abandono de bebés.

Las cifras, sin embargo, no refrendan esta iniciativa. El Ministerio de Sanidad recoge que, de los abortos practicados durante el último año en territorio nacional, sólo un 5% se realizaron a mujeres de nacionalidad africana; y un 17%, a mujeres procedentes del continente americano.

Por otra parte, según las Estadísticas de Criminalidad del Ministerio de Interior, en la provincia de Cádiz un total de 31 personas fueron detenidas o investigadas por delitos contra las Relaciones familiares (dentro de los cuales se incluye el abandono de menor) durante el último año. De ellos, sólo cuatro (tres hombres y una mujer) eran de nacionalidad extranjera. Los datos arrojan cifras no muy diferentes durante el último lustro. En total, la Fiscalía Provincial registró 45 diligencias por casos de abandono de menores en 2017.

“Hasta donde yo sé –comenta desde Algeciras José Luis Jaudenes, fiscal de Extranjería–, no ha habido ni un sólo caso de abandono de bebés por parte de inmigrantes ilegales durante el año pasado”. La provincia de Cádiz es la que más inmigrantes recibe de todo el territorio español –en 2017, del litoral gaditano fueron rescatadas un total de 5.954 personas–.

El fiscal recordó, además, el protocolo a seguir con las embarazadas que emigran desde África y llegan a España: “Quedan en libertad en el centro de acogida, tienen a su bebé y, en un porcentaje abrumador, el niño se queda con la madre. No son expulsados y tiene a su hijo normalmente”. La Ley de Extranjería dice que no se procederá a la expulsión “en caso de que exista peligro para la madre o el niño” pero, realmente, esto no se aplica: “Las inmigrantes que llegan embarazadas o con hijos quedan en libertad, se documentan provisionalmente y se intenta arreglar su situación –insiste el fiscal–. Eso no significa que no puedan darse casos muy puntuales de mujeres que den a sus hijos en adopción”.

Tanto desde la Fiscalía de Extranjería como desde Menores recordaron que, como rutina, cuando llegan inmigrantes con niños se les realiza a ambos una prueba de ADN, para evitar que se den casos de “niños ancla”: “En el 99% de los casos , existe un vínculo madre-hijo”, indica José Luis Jaudenes. “Cuando no es no es así –apunta Pedro Gosálvez, fiscal de Menores en Cádiz–, sí suele haber algún vínculo familiar con el niño”. Mientras se realiza la prueba, la madre se queda en un Centro de Estancia Temporal de Extranjeros, y el menor pasa a depender de los servicios de protección de la Junta. Desde la Fiscalía de Menores desarrollan, para no perder perspectiva, que el delito de abandono, como tipificación, engloba también otros aspectos más allá del puro abandono físico del menor: desatención, dejación de funciones, no escolarización...

Para Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la polémica propuesta da una medida del “grado de crueldad y falta de humanidad que tienen algunos dirigentes políticos, en especial, Pablo Casado. La cuestión es sencilla: no conocen a las mujeres, no saben lo que es la maternidad, no entienden que las mujeres están apegadas a sus hijos y que aceptarían algo así por un simple retraso en su situación. Además, a las inmigrantes embarazadas no se las expulsa. Precisamente lo que hay que buscar es que ese episodio no dé, por criterios de humanidad”, explica el responsable, que reseña las declaraciones de la Vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, diciendo que la iniciativa evitaría que muchos bebés “aparecieran en contenedores”: “Parece que siguiera la línea de un discurso funesto que sugiere que las inmigrantes ilegales no tienen sentimientos, no cuidan de sus hijos, no les preocupan sus niños ni su embarazo, y que vienen aquí a aprovecharse de nuestros recursos y, por estar dos meses más, entrego a mi hijo –continúa–. Parece que exista una competencia entre Vox (diciendo que los servicios de rescate eran una línea de autobuses)y PP a ver quién dice la burrada más grande. Ellos, que defienden tanto la familia, cómo es posible que propongan esta barbaridad”.

Es un punto, además, que incluiría a las inmigrantes ilegales, pero que no se concibe desde perspectiva migratoria:“Si realmente quieren luchar contra el invierno demográfico, y se ve una posibilidad en los flujos migratorios, se podrían realizar propuestas de repoblamiento, dar ciertas facilidades, trabajando por la integración sin crear conflicto entre la población. Nosotros sí esperamos que lleguen a desarrollarse medidas así”.