Tribunales

El fiscal acusa a la alcaldesa de Alcalá del Valle de hacer contratos ilegales a vecinos del pueblo

  • Anticorrupción solicita inhabilitar a Dolores Caballero (IU) durante 12 años por un delito continuado de prevaricación

Dolores Caballero, actual alcaldesa de Alcalá del Valle. Dolores Caballero, actual alcaldesa de Alcalá del Valle.

Dolores Caballero, actual alcaldesa de Alcalá del Valle. / Ramón Aguilar

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La Fiscalía Anticorrupción acusa a la actual alcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero (IU), de un delito continuado de prevaricación por realizar contrataciones ilegales en el municipio serrano y solicita para ella la pena de 12 años de inhabilitación especial para cualquier cargo de naturaleza electiva que implique participación en un gobierno municipal, autonómico, estatal o europeo. 

Asimismo, el Ministerio Público pide otros 12 años de inhabilitación para José Hinojosa, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento alcalareño, procesado por los mismos hechos como cooperador necesario.

Este caso ha desembocado en los tribunales a partir de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía la secretaria general del Partido Socialista en Alcalá del Valle, Josefa Moreno Hinojosa

Acusación fiscal

El escrito de acusación de la Fiscalía expone que Dolores Caballero, única mujer alcaldesa en la provincia por Izquierda Unida, con la colaboración del concejal de Bienestar Social, José Hinojosa, celebró desde marzo de 2015 hasta septiembre de ese mismo año numerosos contratos temporales irregulares amparándose en supuestas necesidades sociales de los contratados. La regidora, dice el fiscal, sabía que dichos contratos eran ilegales, pues "prescindió del preceptivo procedimiento de selección y no respetó los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Según apunta el fiscal Anticorrupción, estas contrataciones se realizaron pese a las advertencias por parte de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alcalá del Valle, Francisca Listán Álvarez, de que no se ajustaban a derecho.

Así, sobre el mes de marzo de 2015, cuando Intervención tuvo conocimiento de que se estaban realizando mensualmente por parte de la alcaldesa y de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento unas 50 contrataciones temporales de escasa duración (de unos tres o cuatro días por contrato) sin oferta dirigida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Secretaria-Interventora procedió a la fiscalización de dichas contrataciones y realizó un informe de reparo en el que ponía de relieve que ninguna de las contrataciones se ajustaban al procedimiento legal para la selección de personal laboral temporal de las Administraciones Públicas, pues se habían formalizado "vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad de la selección de personal".

Según el fiscal, no está acreditado en 133 casos que los vecinos contratados tuviesen necesidades sociales

Según la Secretaria Interventora, no constaba "ni informe previo sobre la existencia de crédito para la contratación, ni confección de las bases de selección en las que se determinasen los trabajos a realizar, ni sistema elegido de selección, ni requisitos de los aspirantes, ni méritos a valorar y forma de acreditarlos, ni pruebas a realizar". En definitiva, apunta el fiscal, no se elaboraron unas bases para contratar conforme dicta la Ley.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía señalan que las contrataciones fueron realizadas "amparándose en supuestas situaciones de necesidad de los contratados", por lo que correspondía a los Servicios Sociales del Ayuntamiento -que estaban bajo el mando y supervisión del concejal José Hinojosa-, la elaboración de un expediente en el que se debía de acreditar dicha situación de necesidad. 

Ahora bien, según Anticorrupción, no consta en 133 casos que se incoase expediente alguno: "No figuran las solicitudes de los trabajadores demandando empleo por necesidad social, ni documentación alguna que acreditase la supuesta situación de vulnerabilidad de los mismos, ni informe de la trabajadora social del Ayuntamiento en el que se manifestase esa precariedad y en la que se propusiese la contratación de estos vecinos de Alcalá, a pesar de lo cual, por parte de los acusados se procedió su contratación".

Los vecinos implicados en este caso tuvieron jornadas de trabajo como personal de limpieza, peones de obra pública o agrícolas, animadores comunitarios o auxiliares de vigilantes de seguridad para el municipio serrano, incumpliendo "de manera grosera" la Constitución Española porque los procedimientos para las contrataciones no respetaban los principios "de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Una vez fueron denunciados los hechos por la oposición, se aprobó el 28 de diciembre de 2015 por el Pleno del Ayuntamiento una Ordenanza Reguladora de contrataciones de personas que se encontrasen en situación de necesidad, siendo publicada en el BOP el 11 de abril de 2016.

Este medio ha contactado con Dolores Caballero y, por el momento, la alcaldesa prefiere no pronunciarse a la espera de que se celebre el juicio.

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