El Tribunal de Cuentas emitió este miércoles un auto por el que se han archivado las actuaciones llevadas a cabo en torno al procedimiento de reintegro por alcance de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores, toda vez que el Tribunal contable considera que "no se genera un presunto alcance en los fondos públicos". También el informe de la Cámara de Cuentas andaluza hacía referencia a "numerosas irregularidades contables" en el plan formativo de los extrabajadores de Delphi, en el que se habrían concedido más de 52 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía estimaba que la investigación llevada a cabo "ha puesto de manifiesto la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable" y no se percibe daño a los caudales públicos por el hecho de que no conste la memoria de actuaciones entre la documentación.

Este hecho, que no interfiere en otros procesos en los que están inmersos los antiguos trabajadores de la multinacional que cerró en Puerto Real en 2007, provocó ayer las primeras reacciones desde la provincia de Cádiz. Antonio Montoro, secretario de la Federación de Industria de UGT en Andalucía, y uno de los portavoces (por este sindicato) en el colectivo Delphi, expresó ayer que "todo el mundo se va a ir de rositas en este asunto menos los extrabajadores de Delphi; al final se demuestra que la parte más débil es por donde se rompe todo". En este sentido, Montoro recordó que "será el juez el que diga si el proceso fue bueno o no, pero el Tribunal de Cuentas dice claramente que los trabajadores de Delphi asistieron a esos cursos porque la Junta los obligó dentro de un proceso formativo". Por último, el ugetista lanzó un mensaje al nuevo Gobierno: "Que pare esto, que la nueva ministra negocie con la Tesorería de la Seguridad Social porque los ex empleados de Delphi no pueden ser los que paguen todo esto; le pedimos que paralice los juicios porque estas personas están en una situación extrema". Se refería el sindicalista a los juicios en los que están inmersos varios centenares de antiguos empleados, demandados por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que les reclama la devolución de las prestaciones por desempleo que cobraron a raíz de participar en estos cursos, entendiendo (en base al informe de la Inspección de Trabajo). Además, la Seguridad Social decidió anular casi año y medio de cotización a cerca de un millar de ex empleados por la misma razón.

Desde CCOO, su responsable de Industria en Cádiz, Jesús Serrano, manifestó que "esto refuerza la teoría de una dirección política sobre las acciones del Sepe, Seguridad Social e Inspección de Trabajo contra los trabajadores de Delphi, desde la antigua titular del Ministerio de Trabajo". Y añadió que "las resoluciones de la Inspeccion fueron sin visita previa a los centros y actuando de oficio, y las del Sepe y Seguridad Social tiradas desde una fotocopiadora con carácter general. sin entrar en la situación de cada afectado. Desde CCOO pedimos que tengan en cuenta las alegaciones de los trabajadores o, al menos, que se las lean y resuelven con objetividad".

En la misma línea, Miguel Paramio, del sindicato USO, aseguró que "todo lo que sea esclarecer qué pasó con los cursos nos parece bien, y si el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades que se actúe con la máxima celeridad. Quien lo haga que lo pague".

Incluso el que fuera delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Bouza, encargado de negociar el cierre de la factoría hace más de 11 años, quiso pronunciarse ayer brevemente al respecto. Aseguró que "era de prever -el auto del Tribunal de Cuentas- puesto que no había ningún pronunciamiento negativo por la Fiscalía, ni por la Abogacía ni de la propia Junta de Andalucía. Por consiguiente, queda claro que en relación a lo actuado por el Tribunal de Cuentas no se aprecia ninguna responsabilidad contable".