De los más de 160 casos de obra nueva que el PP envió a la Fiscalía, y cuyo responsable, Ángel Núñez, denunció en los Juzgados, sólo hay una docena de asuntos que se salvarán del archivo. Se trata de los casos en los que, además de haberse erigido viviendas ilegales, amparándose en los certificados fraudulentos de antigüedad de casas inexistentes, luego dichos inmuebles fueron 'legalizados' por decreto municipal. Y se librarán del archivo porque en estos casos, se habrían cometido presuntamente otros delitos con mayor periodo de vigencia que no prescriben a los tres años como la falsedad en documento público, tales como prevaricación y contra la ordenación del territorio. Estos delitos habrían sido cometidos presuntamente por responsables municipales, como el anterior teniente de alcalde de Urbanismo de El Puerto, el ex edil de Independientes Portuenses Juan Carlos Rodríguez, y el aún hoy jefe de Licencias y Disciplina de Urbanismo, Fernando Jiménez Fornell. De hecho, ambos están imputados por la presunta comisión de ambos delitos en algunos de estos asuntos que se están instruyendo en los Juzgados de El Puerto y que ha venido investigando el equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.

Ante agentes de este equipo hubieron de comparecer hace algo más de dos meses, para prestar declaración, para después hacer lo propio ante el juez, siéndoles notificada su imputación. Cuando culmine la instrucción, estos asuntos acabarán yendo a juicio, debiendo sentarse en el banquillo.

Ellos dos forman parte del más de medio centenar de personas que han sido imputadas en la Operación Obra Nueva Puerto, junto a numerosos promotores, beneficiarios de los certificados supuestamente fraudulentos y autores de los mismos. Entre estos últimos, figuran una media docena de arquitectos, entre ellos, dos de los que fueron detenidos por la Guardia Civil en el verano de 2007 en la primera fase de Operación Obra Nueva Chiclana, que acabó con una trama similar dedicada a la regularización de viviendas ilegales en ese término. Se trata del arquitecto Joaquín Palli Selga y el arquitecto técnico Antonio Fernández Verdugo, que fueron apresados en marzo pasado por la Guardia Civil, dejándolos el juez en libertad con cargos.