Las demandas de cláusulas suelo colapsan los órganos judiciales y lo seguirán haciendo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en una reciente resolución que un único juzgado, en el caso de Cádiz, el Jugado de Primera Instancia número 2, siga resolviendo de manera exclusiva los asuntos relacionados con estas cláusulas abusivas. Y ello, "sin aumentar la plantilla judicial", critica Isabel Cadenas, magistrada titular del órgano designado para tal función.

El pasado 19 de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó la renovación del plan de especialización que afecta a 55 juzgados de primera instancia de toda España para que tramiten de forma exclusiva (y en algunos casos también excluyente) los procedimientos de condiciones generales de la contratación. En esta ocasión, la duración de esta medida será de un año, y no de seis meses, como había venido ocurriendo desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017.

El CGPJ explicó en un comunicado que "la conveniencia de mantener el plan de especialización se puso de manifiesto durante la reunión de evaluación que mantuvieron el pasado mes de octubre representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas". Con los datos estadísticos sobre la mesa, "los asistentes a ese encuentro se mostraron de acuerdo con que la especialización es un sistema adecuado para hacer frente al elevadísimo número de asuntos sobre cláusulas abusivas que ingresan los juzgados mientras que no se adopten medidas legislativas al respecto".

La "conveniencia" de esta prórroga, sin embargo, no es compartida por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz, el órgano elegido para gestionar las cláusulas suelo en la provincia. "Esta medida no nos favorece en tanto que la planta judicial sigue siendo la misma, no se ha visto reforzada ni ampliada", manifiesta Isabel Cadenas.

La ecuación es sencilla: con una enorme carga de trabajo y el mismo número de trabajadores, difícilmente los asuntos saldrán adelante en un plazo prudente de tiempo para los consumidores, que, al fin y al cabo, son los principales afectados por los retrasos en la Justicia.

En 2018 se han presentado en Cádiz 7.000 demandas de cláusulas suelo

Los números evidencian el colapso judicial: el juzgado gaditano registró hasta septiembre de este año 5.740 demandas relacionadas con las condiciones generales de la contratación. A punto de finalizar 2018, esta cifra ha ascendido hasta los 7.000 casos. Si sumamos los procedimientos que entraron en 2017, los asuntos de cláusulas suelo en la provincia superan los 12.000.

Con esta avalancha de demandas y sin un apoyo de personal efectivo, la agenda para fijar los juicios también se ha atascado, de manera que las vistas programadas llegan hasta mediados de 2020. Frente a esta considerable demora, Isabel Cadenas ha decidido paralizar los señalamientos de audiencias y juicios "hasta que no se adopten medidas de refuerzo" en la plantilla. "No tiene sentido fijar un juicio a más de dos años vista". La magistrada gaditana precisa que actualmente "hay al menos 1.000 juicios pendientes de señalar".

El personal que integra el Juzgado de Primera Instancia número 2 es, según Cadenas, insuficiente: seis funcionarios, dos jueces de refuerzos más un tercero que previsiblemente llegará el próximo mes de enero, y tres Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios, uno de ellos en prórroga o comisión.