La Universidad de Cádiz entregó ayer un informe a Aguas de Cádiz en el que asegura no tener constancia alguna de la investigación por la que Carlos Guillén, director de tesis del concejal popular, Ignacio Romaní, recibió al menos 42.000 euros entre 2011 y 2015. En el informe, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz y que ha sido elaborado por el Inspector General de Servicios de la UCA, se contesta con claridad a las preguntas formuladas por la empresa municipal en un escrito del 25 de abril pasado.

Para empezar Aguas de Cádiz reclamaba información sobre la carta remitida por Carlos Guillén y en la que, actuando en nombre del Equipo de Investigación Oficial de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz (FQM311), reclamaba una subvención de 43.000 euros para realizar una investigación sobre la responsabilidad social dentro de la empresa municipal, algo sobre lo que posteriormente trataría la tesis de Romaní, aunque el concejal ampliaría este estudio a todas las empresas municipales. Según el informe emitido por la UCA, Carlos Guillén actuó "sin el consentimiento de la Universidad de Cádiz y sin advertirlo a los miembros del grupo de investigación FQM311". Asegura además el inspector general que en esas fechas "el grupo de investigación no estaba trabajando en ningún proyecto sobre la evaluación de la responsabilidad social de la empresa en el ámbito municipal y local". Es más, afirma que el grupo tampoco tenía en ese momento ningún proyecto financiado por la UCA, Ministerio o Junta que tuviera como eje principal la responsabilidad social.

Aunque Carlos Guillén solicitó la subvención en nombre de la UCA, emitió las facturas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 -que según una investigación interna de Aguas de Cádiz ascenderían a una cantidad de 42.000 euros- a cargo del Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa y de la Asociación de Profesionales de Psicología Social. Sobre estas dos últimas entidades, el informe puntualiza que "la UCA y el grupo de investigación FQM311 no tienen relación alguna" con ellas, y se añade que los miembros del grupo de investigación "no tienen ningún proyecto de investigación registrado en la UCA en el que se incluya en el título responsabilidad social".

La UCA tampoco tiene constancia de la elaboración de ningún informe relacionado con el tema en cuestión y los miembros del grupo de investigación citados por la Inspección General "han manifestado que desconocen que se haya elaborado ningún informe relacionado con la responsabilidad social de la empresa en el ámbito municipal y local".

Tajante se muestra también el informe al resaltar que la UCA y el grupo de investigación FQM311 "no participaron en la organización de las V y VI Jornadas de Responsabilidad Social y tampoco aportaron ninguna ayuda económica, según confirmó la base de datos del Área de Economía y corroboraron al inspector las decanas en aquellas fechas y los miembros del grupo investigador citados".

Tampoco se ha encontrado en las bases de datos de la UCA "ingreso alguno" realizado por Aguas de Cádiz que esté relacionado con el profesor Guillén, con el grupo de investigación Ciencias del Trabajo o con Jornadas de Responsabilidad Social de la Empresa.

Por todo ello, y como conclusión, el inspector general de la UCA asegura que no consta en la Universidad que el grupo de investigación FQM311 tenga líneas de investigación alguna relacionada con la responsabilidad social y, por lo tanto, tampoco una línea de investigación relacionada con la responsabilidad social de la empresa en el ámbito municipal y local, por lo que "no es posible la elaboración de un informe técnico que estudie la relación entre el contenido de la tesis presentada y defendida por Ignacio Romaní y las líneas de investigación del grupo FQM311 en relación a la responsabilidad social de la empresa al no existir término de comparación".

Así pues, este informe confirma lo que la dirección actual de Aguas de Cádiz viene denunciando desde el pasado mes de abril, y es que la empresa pública pagó durante el mandato del PP al director de tesis de Ignacio Romaní, concejal y entonces presidente de Aguas de Cádiz, 42.000 euros, sin que todavía se haya podido encontrar una justificación de qué se hizo con ese dinero público.

Aguas de Cádiz ha encargado un informe jurídico sobre los posibles delitos cometidos con el abono de 42.000 euros a Guillén, sin que exista constancia del fin de ese dinero, algo que la UCA ha corroborado con la elaboración de este informe entregado a Aguas de Cádiz y firmado por el inspector general de Servicios, Antonio Peinado Calero.