Situación financiera municipal

Sólo tres ayuntamientos mantienen su deuda a cero

  • Estos municipios, Castellar, El Gastor y Benaocaz, llegan al tercer año de la crisis en una situación envidiable sin un solo euro de deuda; en el extremo opuesto destacan Cádiz, Jerez y El Puerto

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A cero... de deudas. Así están tres ayuntamientos de la provincia, tres privilegiados que durante años han sembrado una implacable austeridad y una sensata contención en el gasto y ahora recogen los beneficios. Cuando la mayoría quema la calculadora y apura el presupuesto al máximo para simplemente garantizar la sostenibilidad de las arcas locales y el funcionamiento del consistorio, Castellar, El Gastor y Benaocaz gozan de un estado económico excepcional: el pasado ejercicio cerraron con déficit cero, sin un céntimo pendiente de devolución al banco y hasta con remanente en tesorería. No son sólo solventes, sino que tienen liquidez inmediata y no necesitan recurrir a las entidades financieras.

Esta situación posible y lo demuestra el Banco de España en su último informe sobre la deuda viva de las corporaciones locales al término de 2009. Según este análisis, los ayuntamientos gaditanos debían a las entidades financieras a finales del año pasado más de 671,6 millones de euros y los que acumulaban el mayor volumen de préstamos eran Cádiz y Jerez, con 108,4 y 82,7 millones de euros, respectivamente. Tras ellos figuraban también destacadamente los de El Puerto (73) y Algeciras (72,8), con lo que estos cuatro acumulaban más del 50% del endeudamiento total.

En la cara opuesta de esta comparativa se encuentran, además de los tres municipios mencionados, Torre Alháquime, Grazalema y Algar, que sólo oscilan entre los 81.000 y los 177.000 euros. Como es lógico por volumen de población, entre las localidades con menos carga financiera abundan aquellas menos habitadas, pero entre ellas también se cuelan algunas medianas y hasta grandes como Conil, que sólo tiene un millón de euros en créditos.

Estas diferencias son el resultado de muchos factores no sólo económicos, sino también sociales y geográficos, ya que, aunque todas las entidades locales sufren un alto grado de insuficiencia financiera (lo que sería una quiebra técnica en el sector privado), el gasto de cada municipio está condicionado por cientos de variables. Lo que sí puede afirmarse es que todas ellas han tomado conciencia de las dificultades existentes y venideras, y han empezado a apretarse seriamente el cinturón. Pese a ello, el desplome de los ingresos fiscales municipales en 2009 -fundamentalmente provocado por la caída de la actividad constructora y de la apertura de negocios- ha obligado a numerosos ayuntamientos a recurrir a nuevos créditos para mantener el ritmo inversor o, sencillamente, para pagar las nóminas. Según el estudio del Banco de España, 27 de los 44 consistorios de la provincia incrementaron su morosidad con los bancos y cajas. Particularmente importante es el caso de la capital gaditana, cuyo nivel de endeudamiento se disparó más de un 18% en un solo ejercicio, un hecho provocado en gran parte por la construcción del Estadio Carranza.

Este análisis y diagnóstico de la situación financiera municipal ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas debido a las medidas extraordinarias anunciadas por el Gobierno en mayo para frenar el endeudamiento local. Desde entonces, la Administración central ha dado tres bandazos, a una media de uno por mes, y aún queda el último, el que vendrá con la aprobación definitiva en los Presupuestos Generales del Estado.

En una decisión totalmente inesperada, y a la vista de los hechos también precipitada, el 24 de mayo prohibió a todos los consistorios que contrajeran nuevos préstamos con carácter inmediato. Rectificó al día siguiente alegando un error en la redacción del Real Decreto (RD 8/2010) e introdujo una corrección en el BOE por la que aplazaba la entrada en vigor de la nueva normativa hasta el 1 de enero de 2011. La incertidumbre rondó todas las semanas del verano y los equipos económicos locales se pusieron en marcha para valorar la nueva situación y plantear la conveniencia de recurrir a créditos imprevistos en la recta final de este año, antes de la aplicación de la reforma legislativa.

Pero el Ministerio aún no había dicho la última palabra y a la vuelta de las vacaciones, la ministra, Elena Salgado, daba una nueva vuelta de tuerca y limitaba el veto a los consistorios cuyo endeudamiento a 31 de diciembre de 2009 -sin las empresas municipales- superara el 75% de sus ingresos corrientes (aquellos correspondientes a los impuestos, las tasas y las transferencias de otras administraciones).

Esta nueva condición excluye, por el momento, a los ayuntamientos de Cádiz (82,8%), El Puerto (90,8%), Paterna de Rivera (171,6%), San Roque (83,5%) y Benalup (108,9%). Sin embargo, este listado es provisional, ya que la comparación se basa en las liquidaciones de los presupuestos y en la provincia de Cádiz aún no las han presentado 24 consistorios que deben hacerlo próximamente. Además, esta misma semana se introdujo un cambio en el RD por el que se valorará levantar este veto en los proyectos locales cofinanciados con otras administraciones y se revisará la situación de aquellas localidades que, aunque rebasen el 75%, demuestren su solvencia y la capacidad para afrontar mayor endeudamiento (el límite legal hasta ahora era el 130%)

Del resto, además de la situación privilegiada de Castellar, El Gastor y Benaocaz, los que tienen las mejores ratios de deuda en función de su capacidad de recaudación son Conil (6,9%), Torre Alháquime (10,1%), y, curiosamente, La Línea (62,6%), pese a que ésta es una de las entidades locales más atenazadas por los impagos en la provincia. En el extremo contrario, con mayor carga financiera y rozando el límite impuesto por el Ministerio, se encuentran Algar (73%), Chiclana (70,3%) y en una posición más tranquila, Puerto Serrano, cuyos préstamos suponen el 62,6% de sus ingresos corrientes.

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