El Obispado de Cádiz y Ceuta ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso administrativo contra la sanción de 30.000 euros que le impuso la Junta de Andalucía por el estado de abandono en que se encuentra la ermita de San Ambrosio, ubicada en el municipio de Barbate. La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura considera que el Obispado, propietario de la ermita, ha desatendido su obligación de conservar, mantener y proteger ese monumento.

La ermita fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, en un decreto de febrero de 2004. Se trata de un edificio fruto de superposiciones materiales de momentos culturales diversos, explica la Junta, cuyos orígenes se remontan al menos a época romana.

El enfrentamiento entre la Junta y el Obispado provocado por estado en que se halla la ermita de San Ambrosio se remonta a 2011. Pero el último capítulo de una serie de desencuentros se produjo el pasado octubre, cuando la Consejería de Cultura rechazó el recurso de alzada presentado por el Obispado en marzo de 2017 contra la resolución que le impuso la multa de 30.000 euros. El siguiente paso que ha dado el Obispado es acudir a los tribunales.

La Consejería de Cultura no sólo sancionó con 30.000 euros al Obispado por incumplir la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. También le impuso la obligación de presentar ante esa delegación un proyecto de conservación de la ermita de San Ambrosio que debe ser aprobado por Cultura.

Precisamente es un proyecto de conservación del monumento lo que enfrenta ahora al Obispado y a la Junta.

El 18 de abril de 2016, el Departamento de Protección del Patrimonio Histórico emitió un informe que explicaba que tras un requerimiento (en 2015), representantes del Obispado habían anunciado verbalmente que adoptarían soluciones para evitar el deterioro de San Ambrosio, pero había pasado el tiempo y esas actuaciones no se habían concretado en modo alguno. Consideraba Patrimonio que la falta de atención del deber de conservación ponía en riesgo el monumento. En consecuencia, proponía la apertura de un expediente sancionador.

Días después, el 27 de abril de 2016, la Delegación de Cultura reiteró al Obispado que su obligación como propietario de la ermita era conservar, mantener y custodiar ese monumento. Entonces le concedió un plazo de 30 días para que presentase un adecuado proyecto de conservación.

El Obispado respondió en junio de 2016 que lo que le había propuesto hacer Cultura en la ermita eran labores que de mero mantenimiento, que en ningún caso se trataba de intervenciones de conservación, rehabilitación o restauración y que, por tanto, no había lugar a tal exigencia de proyecto de conservación. Esa discrepancia la resolverán ahora los tribunales.