La Fiscalía de Cádiz ha interpuesto una denuncia en el Juzgado contra Francisco Casto Pérez-Lara, el inspector médico considerado como uno de los principales cabecillas de la trama que se dedicaba a la obtención ilegal de pensiones por incapacidad laboral desmantelada en el transcurso de la Operación Karlos, por otro caso similar que habría protagonizado hace algunos años.

En concreto, los hechos que le han valido ahora otra denuncia interpuesta por la Fiscalía gaditana al médico (en libertad con cargos por el fraude a la Seguridad Social tras dejar la cárcel después de abonar una fianza), se remontan al año 2003. Fue ese año cuando un particular logró la concesión de una pensión de incapacidad laboral permanente a cargo del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) gracias al supuesto padecimiento de una dolencia cardiaca, entre otros males. En concreto, se trataba de una miocardiopatía (una enfermedad del músculo cardíaco en la que éste pierde su capacidad para bombear sangre eficazmente) dilatada de etiología enológica ( esto es, causada por consumo de alcohol) junto a una cirrosis hepática. Esto es lo que figuraba en el informe que Casto, en su calidad de inspector médico de la Seguridad Social, rubricó.

No contento con la pensión de por vida del Estado ya conseguida de forma supuestamente fraudulenta, según se constataría después, este particular intentó sin éxito que la aseguradora privada con la que tenía contratada una póliza le abonara una indemnización por esa incapacidad.

Las reticencias de esta compañía a abonar cantidad alguna motivaron que el ya pensionista iniciara un pleito civil contra la aseguradora, a la que reclamaba unos 70.000 euros, que acabó perdiendo. Porque durante la vista de dicho procedimiento, celebrado en Cádiz el pasado año, se reclamó una nueva pericial, otro informe que determinara la veracidad de la dolencia alegada. Este informe finalmente lo hizo un catedrático de Medicina, quien determinó que el sujeto en cuestión no padecía por lo menos la miocardiopatía prescrita, lo cual entrañaba que en realidad nunca habría sufrido tal afección coronaria toda vez que ésta no tiene cura.

Así las cosas, el juez al cargo del asunto, en junio del 2006, falló contra el particular y a favor de la compañía. Y fue este mismo juez el que cayó en la cuenta de que el inspector médico que había rubricado el informe de la miocardiopatía era uno de los principales encausados en el caso contra la concesión ilegal de pensiones de la Seguridad Social, Casto Pérez-Lara, dando cuenta de ello a la Fiscalía de Cádiz.

El Ministerio Público ha determinado que "hay indicios de falsedad documental y estafa" a la Seguridad Social, así como intento de estafa a una compañía privada, no sólo por parte del particular beneficiado con la pensión sino también por parte del inspector médico, quienes, el entender de la Fiscalía, habrían "actuado de acuerdo". Por ello se ha interpuesto denuncia contra ambos en el Juzgado de primera instancia gaditano.

En la Fiscalía de Cádiz anticipan que la instrucción del caso Karlos terminará pronto. "Lo llevamos rápido y se está trabajando muy bien por parte del juez (el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz). Vamos en plazos razonables teniendo en cuenta la complejidad del asunto". Porque son casi cuarenta los tomos que acumula un caso que emergió en el transcurso de otra operación, la Halcón, dirigida por la Agencia Tributaria, que investigaba un fraude fiscal con facturas falsas con el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, como cabecilla. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carretero podía participar en una organización que expedía informes médicos fraudulentos para beneficiarios que conseguían pensiones de la Seguridad Social tras el pago de entre 9.000 y 24.000 euros, en connivencia con Francisco Casto.