Hace ocho años, en 2011, aparecieron en el buzón de la sede de Izquierda Unida de Rota unos escritos anónimos que denunciaban que el equipo de gobierno, entonces en manos de Roteños Unidos y el Partido Popular, estaba formalizando contratos ilegales con un funcionario para que éste realizase trabajos de costura para el Consistorio, en concreto, la confección de las bandas de las sirenas, ninfas de Carnaval y damas de las fiestas patronales.

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto y acusó y sentó en el banquillo a Eva Corrales, a la fecha de los hechos, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Rota. En mayo de 2015, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz la condenó a cuatro años y medio de prisión por falsificar, de manera continuada, documentos oficiales entre los años 2004 y 2010 con objeto de que el empleado público en cuestión cobrase los trabajos de costura como horas extra. Esos contratos ilegales alcanzaron un valor total de 42.300 euros.

La pena de cuatro años y medio de cárcel –confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2016– era la mínima que la Audiencia de Cádiz pudo imponer a la ex regidora popular de Rota con el Código Penal en la mano. Y, a pesar de ser la mínima, fue “severa” y “desproporcionada”. Por eso, el mismo tribunal que la condenó emitió en 2018 un informe a favor de su indulto, una circunstancia ésta “verdaderamente excepcional”, según fuentes judiciales consultadas por este medio.

Este informe favorable de la Audiencia de Cádiz, preceptivo pero no vinculante, de poco le ha servido a Eva Corrales, pues el Consejo de Ministros le ha denegado hace pocos días la medida de gracia.

“Un Gobierno jamás dará un indulto en pleno proceso electoral”, dice una de las fuentes judiciales. “Aunque se hubiese llevado 1.000 euros, a Eva Corrales jamás se le hubiese concedido esta medida extraordinaria en los tiempos que corren”.

Otra persona del ámbito jurídico asevera que la negativa del Ejecutivo a la petición de indulto de la primera mujer en acceder a la Alcaldía de Rota ha venido motivada “por una cuestión política”. La decisión del Gobierno “sigue la tónica imperante en los últimos años de tolerancia cero con la corrupción. ¿Qué partido político se va a atrever a ser blando antes de unas elecciones? Ninguno. Todo lo contrario. Emplean mano dura y ejemplarizante”.

Esta misma persona afirma que si la petición de indulto de la ex alcaldesa popular de Rota se hubiese formulado hace 15 años, “seguramente hubiese venido concedida”.

"Se ha castigado a la persona por lo que es, una política, no por lo que ha hecho"

Manuel Hortas, el abogado de Eva Corrales, defiende este mismo punto de vista. “El indulto a Eva ha tardado casi dos años y medio en resolverse. En todo este tiempo –en el que ella no sabía qué iba a pasar con su vida–, tanto el Partido Popular y como el Partido Socialista han primado, ante todo, su imagen; el aparentar una lucha implacable contra la corrupción como si ellos fuesen paladines de la honestidad”.

El letrado que ha llevado la defensa de Corrales considera que, en este asunto, “se ha castigado a la persona por lo que es, una política, y no por lo que ha hecho. Si no, cómo se explica que los funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados por los mismo hechos que ella hayan conseguido el indulto parcial y Eva no”.

Las mismas fuentes judiciales señalan que en un caso como Horas Extra “hay que empatizar y estudiar las circunstancias particulares que lo rodean. Que Eva Corrales haya sido condenada a cuatro años y medio de prisión no quiere decir que sea una delincuente”, apuntan.

“No es una política choriza. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en los telediarios”, indica su abogado. “Eva Corrales no se llevó ni un céntimo de dinero público a su bolsillo. No se lucró de su cargo. Es más, económicamente, el Ayuntamiento de Rota obtuvo productos de alta calidad a un precio más bajo que el de mercado, con el ahorro que ello supuso para las arcas municipales”. Bajo esta misma línea argumental, personas del ámbito jurídico insisten en que la ex regidora roteña “no llevó a la quiebra al Consistorio” con esos contratos irregulares.

"Que haya sido condenada a cuatro años y medio no quiere decir que sea una delincuente"

“Antes había más impunidad. Ahora, el chivatazo del partido contrario de turno, que saca trapos sucios sobre las gestiones locales, destapa casos como éste”, explican los juristas preguntados por el mismo. “¿Existe una actuación administrativa incorrecta? De acuerdo”, se pregunta y se responde Hortas. “¿Hay corrupción? Evidentemente, no”.

La condena de la ex regidora popular de Rota a cuatro años y medio de prisión “podría haberse rebajado y suspendido, además de suplido por una multa económica, servicios a la comunidad... Había opciones para conmutarla a través de un indulto parcial, tal y como se hizo con los otros funcionarios implicados en la causa”, subrayan las fuentes judiciales. “Para eso está el indulto, para calibrar las penas que devengan excesivas o desproporcionadas, para mitigar el peso de la Ley”.

El abogado jerezano Manuel Hortas sostiene esta misma idea al afirmar que “el indulto corrige las disfunciones del sistema judicial. Sin embargo, en el procedimiento que nos ocupa, el Consejo de Ministros ha dejado de utilizar dicho mecanismo corrector con Eva Corrales, sencillamente, como arma política”.