Tribunales

Declaran de nuevo los investigados por presunto fraude en el Consorcio de Bomberos

  • El ex presidente y el ex gerente del ente mantienen que no cometieron ninguna irregularidad

Andrés Beffa (d), ex presidente del CPBC, llegando al Juzgado en una declaración anterior.

Andrés Beffa (d), ex presidente del CPBC, llegando al Juzgado en una declaración anterior. / Jesús Marín

Andrés Beffa y Javier Otálora, ex presidente y ex gerente del Consorcio de Bomberos respectivamente, declararon hoy nuevamente ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gaditana como investigados por el presunto fraude en el ente provincial que habría supuesto la malversación de más de ocho millones de euros.

Junto a ambos, la jueza también citó al director técnico. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar a las preguntas de la Fiscalía, como ya hicieron en el pasado mes de marzo y sólo respondieron ante las cuestiones que les presentó el letrado que les asiste, Felipe Meléndez, que los acompañó en la comparecencia.

Los tres ex dirigentes del Consorcio aseguraron que son inocentes y que no han cometido ninguna irregularidad con el conocido como Plan de Previsión Social, que básicamente, garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio una renta salarial creciente hasta su 65 cumpleaños.

Lo que la justicia trata de averiguar es cuánto costó esa póliza. Se habla de 2,4 millones de euros, pero fuentes sindicales consultadas por este medio han afirmado que podrían ser hasta ocho millones de euros de dinero público los utilizados para pagar primas de prejubilación a altos cargos del consorcio.

Los presidentes del Consorcio aclararon en su momento que ellos no se benefician de esta póliza, aunque sí gerentes y otros altos directivos.

Por otra parte, este diario ha tenido acceso a parte del informe remitido a la Fiscalía por la Intervención del Estado, que en sus conclusiones afirma que “el proceso de contratación de la póliza se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento exigido por la Ley, obviando cualquier tipo de publicidad en diarios y boletines oficiales”.

Hay que recordar que fue en mayo de 2013 cuando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que destapó lo que los sindicalistas consideraron entonces “una presunta estafa” que se habría alargado durante varios años.

Durante la investigación fueron detenidas 12 personas como responsables de varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

De todos los implicados, 10 pertenecieron en su día al Consorcio de Bomberos. Las ramificaciones de la trama son variadas, de hecho los otro cuatro implicados pertenecen a una empresa denominada Formatekno, con sede en Madrid y dedicada a la consultoría y la formación.

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