Provincia

Crece la morosidad de alquileres en Cádiz

  • Un informe sitúa en casi un 6% el incremento de los inquilinos que dejaron de pagar por la vivienda o local

  • La deuda media de la provincia se aproxima a los 4.500 euros, según el Fichero de Inquilinos Morosos

Desahucio de una vivienda de alquiler el pasado año en el centro de Cádiz. Desahucio de una vivienda de alquiler el pasado año en el centro de Cádiz.

Desahucio de una vivienda de alquiler el pasado año en el centro de Cádiz. / julio gonzález

La morosidad en alquileres y locales en la provincia se ha incrementado en el último año en la provincia en un 5,6%, según un estudio realizado por el Fichero de Inquilinos Morosos. Este aumento, relacionado directamente con el aumento de alquileres y el irregular comportamiento del mercado de trabajo, es ligeramente superior (cinco décimas) al que se ha producido en el resto de la comunidad. Este incremento está siendo una constante desde 2007. Ningún año ha dejado de subir. Sin embargo, no llega a las cifras que se alcanzan en provincias como Sevilla, donde ese incremento anual es de 13 puntos.

Este informe, en cualquier caso, es una aproximación, ya que se basa en el listado creado por esta organización por el cual los damnificados introducen los datos de los morosos en toda España como modo de alertar a otros propietarios. También el Fichero incluye información de sentencias judiciales. En su base de datos se puntúa al futuro inquilino del mismo modo que las agencias de calificación hacen con los países deudores, desde la D, que alerta de una altísima probabilidad de impago, a la triple A, que es una garantía de cobro.

"En la provincia de Cádiz existe una morosidad latente y, ante cualquier gasto imprevisto de las familias o cambio en su situación laboral, tienen serios problemas para hacer frente al pago del alquiler", señala el Director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos, Sergio Cardona, que incide mucho en el dato de que el 97% de los contratos que se firman en la provincia son temporales. Un hecho que, según Cardona, también se refleja en la cantidad que adeudan los inquilinos morosos a los propietarios.

En la provincia la morosidad media se sitúa en los 4.443 euros, que son muy de difícil cobro. Esta media está bastante por debajo de la media nacional, que se sitúa en los 6.600 euros. En la provincia, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial del último año, la mayor parte de los desahucios que se realizan no son hipotecarios, sino a inquilinos. En el año 2017 hubo 1.397 desahucios en Cádiz. De éstos, 637 fueron por ejecución hipotecaria y 682 se correspondieron a familias que no pagaron el alquiler durante varios meses seguidos y fueron obligados a abandonar las casas en cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En el Fichero de Inquilinos Morosos consideran que "a la inestabilidad laboral le acompaña el alto esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos para hacer frente al pago de todos los gastos derivados del arrendamiento de una vivienda". En concreto, tomando como referencia un alquiler medio de 550 euros, las familias de Cádiz tienen que destinar más del 35% del total de lo que ingresan mensualmente al alquiler de un inmueble. No es la peor provincia andaluza. En Sevilla, con 600 euros de media, el dinero destinado a pagar vivienda es de un 40%.

El precio de los alquileres es determinante en algunas localidades para este incremento de la morosidad, aunque esto hay que analizarlo por localidades e incluso por barrios. El caso más excepcional es el de Cádiz capital, donde es prácticamente imposible alquilar a precios razonables por temporada. Con la última recuperación del mercado del alquiler y con la competencia de los pisos turísticos -al que este medio ya dedicó un dossier dentro de su sección Enfoque de Domingo la pasada semana- la media del metro cuadrado se ha situado en algunas zonas en ocho euros el metro, casi parejo a las urbanizaciones de lujo de Sotogrande. Esta situación, inexplicable en una ciudad con tan altos índices de desempleo, está produciendo un éxodo que se visualiza todos los años en la continua pérdida de población.

El Ayuntamiento de Cádiz hizo un intento de equilibrar la situación de algún modo para los más necesitados a través de su plataforma Alquiler Justo. Los resultados no han podido ser más decepcionantes. Consistía en que el propietario de la vivienda pusiera viviendas no utilizadas en el mercado de alquiler a precios controlados públicamente con la ventaja de contar con la absoluta garantía de cobro. Eso sí, el precio tenía que estar por debajo del mercado (350 euros una vivienda de una habitación, un precio normal en el resto de la provincia). En lo que llevamos de año sólo se han presentado diez viviendas para integrarse en este programa y la mitad de ellas tuvieron que ser desestimadas por no cumplir los más mínimos criterios de habitabilidad.

En Jerez es la empresa municipal Emuvijesa quien se encarga de llevar a cabo los alquileres de viviendas públicas de régimen social. Hasta antes de la crisis todo funcionaba perfectamente y el índice de morosidad era de un 3%. En 2012 ya estaba en un 11% y en 2015 el porcentaje de recibos impagados se había situado en la astronómica cifra de un 39%. La morosidad en Jerez se había convertido en un deporte. Ahora ha bajado algo, pero recientemente el grupo municipal de Ciudadanos mostró su preocupación ante el hecho de que uno de cada cuatro recibos no se pagaban, la mayor parte recibos de larga duración, lo que supuso en 2017 al Ayuntamiento de Jerez una pérdida de ingresos superior al millón de euros.

En el alquiler privado las cifras de morosidad no son desorbitadas, pero lo suficientemente importantes para que proliferen empresas dedicadas a asegurar el cobro de los alquileres. Cardona considera que "es básico conocer la solvencia del candidato a inquilino antes de firmar un contrato de arrendamiento", es decir, intentar ser preventivo antes de poder encontrarse ante un largo proceso en el que se perderá tiempo y dinero antes de poder recuperar la vivienda para poder ponerla de nuevo en el mercado. El tiempo medio para recuperar una vivienda es superior a un año.

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