El depósito judicial de Conil, en el que se custodian más de mil vehículos intervenidos en operaciones policiales y donde hace pocas semanas seis encapuchados robaron una 'narcolancha' de las que habitualmente se utilizan para alijar droga a punta de pistola, tiene una orden de desahucio dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz. No obstante, la resolución judicial del tribunal gaditano no es firme y está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Esta orden de desalojo es el resultado -de momento, provisional- de un conflicto entre dos socios que ha desembocado en los juzgados. De una parte está Hortoconil, S.L., la empresa propietaria de los terrenos donde se aloja el depósito judicial. De otra, Rent Marín, S.L., la concesionaria que gestiona este almacén de bienes incautados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y arrendataria de la finca.

La entidad dueña de la parcela demandó a Rent Marín por impagos de las cuotas y solicitó al Juzgado Mixto número 1 de Chiclana que decretase el desahucio del solar a su favor.

En primera instancia, la juez desestimó la denuncia al entender que el problema no era que la mercantil inquilina no quisiera pagar las rentas, era que la arrendadora no podía cobrarlas porque tenía las cuentas embargadas por la Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria a raíz de sus cuantiosas deudas. Además, la magistrada subrayó que Hortoconil no le indicó a Rent Marín ni el medio ni la forma ni el número de la cuenta corriente para proceder a los ingresos.

Esta resolución fue recurrida por Hortoconil ante la Audiencia Provincial de Cádiz. Esta vez, la Justicia sí le dio la razón a la propietaria de la finca. Así, la Sección Segunda del tribunal gaditano ha declarado resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y ha condenado a Rent Marín "a que desaloje, deje libre y a disposición de Hortoconil la finca litigiosa tan pronto como sea requerida para ello".

Según la sentencia de la Audiencia de Cádiz, cuando la arrendataria consignó las sumas que debía para evitar el desahucio, lo hizo fuera del plazo que contempla la Ley. Este dictamen ha sido nuevamente recurrido, esta vez por la empresa inquilina Rent Marín, ante el Tribunal Supremo. Mientras que el Alto Tribunal adopta una decisión, la dueña de la parcela donde se ubica el abarrotado depósito judicial ha solicitado la ejecución provisional del desalojo, petición que ahora está en trámite en el Juzgado Mixto número 1 de Chiclana.

A la espera de que el Supremo resuelva este asunto, el responsable de Rent Marín declaraba ayer a este medio que acatará la sentencia en los términos que fije la misma. "En un principio, prefiero quedarme donde estoy -en la carretera nacional 340, en unos terrenos de 24.000 metros cuadrados-, pero si tenemos que mudarnos a otra parcela, lo haremos y punto".