"Este lamentable incidente, que solo se explica en el marco del nerviosismo propio del calendario electoral y las encuestas, no debe alterar el clima de convivencia y cooperación que ha distinguido las relaciones ayuntamiento-autoridad portuaria y en ningún caso disminuirá nuestro compromiso social canalizado a través de diferentes entidades ciudadanas como Cruz Roja, Salam Paz o Caritas".

Así se expresaban ayer fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 24 horas después de que saliera a la luz el expediente sancionador abierto por el ente portuario contra el Ayuntamiento de Cádiz tras autorizar de motu propio el alojamiento de un grupo de migrantes hace unos 15 días.

Estas mismas fuentes reiteran que la decisión de abrir dicho expediente se tomó "para salvar las posibles responsabilidades jurídicas (prevaricación) y políticas (gestión negligente) que pudieran derivarse de denuncias o reclamaciones ante accidentes o incidentes derivados de las condiciones de seguridad o salubridad, etc".

Así, desde la Autoridad Portuaria recuerdan que "las instalaciones ha sido usada como alojamiento al menos en tres ocasiones, para acoger a lo sin techos, a migrantes y a tripulantes de la flotilla de solidaridad con Gaza, por lo que no puede aducirse razones de emergencia, dado que en el caso de los mendigos y los tripulantes han sido situaciones previsibles y panificables".

A su vez, las citadas fuentes afirman que en todo momento se ha intentado abordar el problema a través del "diálogo y la cooperación con el Ayuntamiento", remitiendo el primer escrito advirtiendo de las posibles ilegalidades en enero de 2017 y reiterando las advertencia en la Comisiones Institucionales de junio y diciembre del mismo año, "sin que en el año y medio transcurrido hayamos recibido ningún escrito ni compromiso municipal, que nos permitiera atender las necesidades en el marco de la ley y con el máximo amparo legal posible".