Tribuna

Jesús Herrero

Secretario General de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos

Otra forma de malgastar nuestro dinero

La gratuidad no existe. Y que toda financiación que no pueda conseguirse por medio del pago de tarifas deberá asumirse por los ciudadanos mediante el pago de impuestos

Otra forma de malgastar nuestro dinero Otra forma de malgastar nuestro dinero

Otra forma de malgastar nuestro dinero / rosell

Si lo barato muchas veces termina saliendo caro, imagínense lo gratuito… Gratuito es lanzar alegremente propuestas, más allá de que se materialicen o no. Aunque en realidad, lo gratuito no existe. Sobre todo, en cuanto al disfrute de los servicios públicos se refiere. Y el transporte urbano no se trata de ninguna excepción, pese a que últimamente -ante el inminente inicio de la campaña electoral- abunden anuncios como el recientemente realizado a bombo y platillo en Marbella, donde los empadronados podrán subirse al autobús sin rascarse el bolsillo.

Lo cierto es que han sido varias las ciudades españolas que han prometido, e incluso implantado, transporte público gratis. Fue el caso de Valladolid, primer municipio en colgar en sus autobuses urbanos el cartel de "entrada libre" frente a las restricciones al tráfico privado como consecuencia de los protocolos anticontaminación. Otras, como la de la Costa del Sol, animan a los vecinos no censados a empadronarse en el municipio, lo que asimismo permitirá al Ayuntamiento hacer caja con las transferencias de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.

Marbella sigue así la estela de ciudades como Tallin o Dunkerque, en las que aunque aumentara el uso de este sistema, no se logró reducir el tráfico, ni la contaminación, ni se produjo el necesario cambio modal. Y de Luxemburgo, donde a partir del 1 de marzo de 2020 el transporte público será gratuito.

Ahora bien, conviene aclarar que la gratuidad no existe. Y que toda financiación que no pueda conseguirse por medio del pago de tarifas deberá asumirse por los ciudadanos, mediante el pago de impuestos. De hecho, ya lo hacen en buena medida, pues hoy en día la mitad del sistema se financia vía recursos públicos. La otra mitad, vía ingresos tarifarios. O lo que es lo mismo, cada año habría que apoquinar, entre todos, unos 2.500 millones de euros, el agujero que provocaría el transporte público gratuito.

Además, el precio no es un factor decisivo para aquellos que optan por ir en coche, habida cuenta de que sus costes pueden llegar a ser hasta ocho veces más elevados que los del transporte público y alcanzar, de media, los 3.000 euros anuales; una cifra lo suficientemente abultada como para poder asumir sin problemas el precio de un billete

Por ello, si el objetivo pasa por conseguir un trasvase de usuarios que dejen aparcados sus coches y decidan subirse a los autobuses, metros o trenes de cercanías, resultarían mucho más efectivas las medidas que dificulten el uso del vehículo privado y, a su vez, prioricen los medios de transporte colectivo para reducir los atascos y la contaminación del aire, que ya causa más muertes que el tabaco en todo el mundo.

Al mismo tiempo, la gratuidad conlleva el riesgo de un uso abusivo del transporte público, puesto que siempre habrá quien aproveche para recorrer unos pocos metros. Y es que si bien las redes del sistema tienen flexibilidad para atender aumentos puntuales y significativos de la demanda, la implantación del transporte público gratuito podría promover su utilización incontrolada por las personas que habitualmente se desplazan a pie para trayectos cortos, afectando directamente a factores clave en la calidad del servicio como la regularidad, la frecuencia o la comodidad.

Además, lo gratuito a ojos del usuario pierde valor, ya que los beneficios de un servicio que no se paga, generalmente, no son concebidos como merecerían. Para más inri, acciones puntuales de gratuidad, como las organizadas con motivo de la Semana de la Movilidad, han demostrado no tener repercusión en el volumen de pasajeros una vez que estas finalizan, por lo que además de no ser realmente valoradas, en ningún caso favorecen un cambio modal real que es uno de los grandes objetivos que se pretenden.

Finalmente, y si con el objetivo de reducir las emisiones se extendiera esta medida, la gratuidad transmite la idea de que se regala el transporte público al que causa el problema. En este sentido, resulta ilógico premiar a quienes volverán a coger sus coches y castigar, a su vez, a aquellos que apuestan habitualmente por medios sostenibles y que no disfrutarían de esa ganga al haber pagado por adelantado sus abonos. Por eso, en su lugar, desde la patronal del transporte público se viene apostando por un billete gris como alternativa para estos usuarios prestados, que equipararía el coste de los títulos para usuarios habituales y excepcionales.

El fin último de este billete gris es dar a conocer el transporte público, cuya óptima promoción pasa por lograr un servicio rápido, cómodo y capaz de resolver adecuadamente las necesidades de movilidad; y no por hacerlo gratuito. De ahí la urgencia de que dejen de usar un servicio básico como un arma electoral, que como casi todas tienen un doble filo. No se vayan a cortar…

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