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La situación política actual está poniendo a muchos españoles ante un difícil dilema: elegir entre un partido, el PSOE, que promueve medidas en las que no cree y otro partido, el PP, que se muestra negligente en su labor de oposición. El síntoma más sonado de esto último ha sido la desidia con la que ha abordado la modificación de la ley que excarcelará prematuramente a varios asesinos etarras. Los encargados de revisarla se han comportado, en el sentido de la undécima acepción recogida en el diccionario de la Real Academia Española, como unos auténticos vainas. Ha sido la más reciente y la más grave, pero no la única incongruencia cometida por su grupo parlamentario. Y, para colmo, sin que nadie dimita, ni sea removido de sus responsabilidades. Se trata de un grave error, pues un partido que no demuestra la suficiente eficacia y diligencia en sus cometidos opositores corre el riesgo de inducir una letal desconfianza en los electores en relación con su capacidad para gobernar. Conozco por experiencia lo desagradables que pueden llegar a ser las renovaciones internas, pero constituyen el único remedio para evitar que sean los electores los que te renueven.
Más grave todavía me parece la actitud política del PSOE. Trasmite continuamente la sensación de que le repugnan muchas de las medidas que implanta. Y de ahí que las ruedas de prensa de sus portavoces se conviertan en otros tantos monumentos a la mentira. En vez de reconocer que aprobaron una amnistía, de la que habían renegado hasta las elecciones, para granjearse el apoyo de los separatistas, trataron de convencernos de que lo hacían para pacificar la situación en Cataluña. A mentir lo llamaron cambiar de opinión, lo que suponía en sí mismo otra mentira. Cuando llegaron a un acuerdo con los separatistas de IRC para establecer un concierto económico en Cataluña, transfiriendo al gobierno regional buena parte de la soberanía fiscal española, negaron absurdamente estaban haciéndolo. Al igual que Zapatero se empeñó en negar la crisis económica en la que estábamos sumidos, los dirigentes socialistas actuales han prohibido a sus copartidarios hablar del concierto catalán que proyectan implantar. Cuando todos sabemos que acordaron con Reunirse (Bildu) liberar prematuramente a los presos etarras a cambio de que votasen a favor de los presupuestos nacionales, andan diciendo que ningún etarra saldrá antes de lo que le corresponda legalmente. A pesar de que se había filtrado que el informe emitido por el Consejo de Estado a la transposición de la directiva europea era previo a la enmienda introducida por Sumar para favorecer a los etarras, la portavoz socialista omitió ese dato y dio a entender que el informe se refería a la ley entera. En resumen, pocas son las políticas implementadas por los socialistas que defiendan en sus propios términos. Es inevitable concluir que su principal objetivo es permanecer en el gobierno a cualquier precio, estando dispuestos a hacer casi cualquier cosa con tal de lograrlo.
El dilema, pues, es realmente difícil. Con todo, parece más irreversible la actitud adoptada por la dirigencia socialista que la vagancia que aflige a los peperos. Es imposible imaginar algún escenario en el que los gobernantes socialistas decidan aplicar las políticas que realmente les convenzan, aunque eso supusiera debilitar o perder el apoyo de los grupos separatistas. Están condenados a seguir recorriendo hasta las próximas elecciones la senda que han elegido para hacerse con el gobierno habiendo perdido las elecciones. En cambio, los dirigentes peperos tendrían más fácil emprender una renovación interna y tomar las medidas necesarias para implantar un ambiente de trabajo y rigor en el tratamiento de los temas. Todavía están a tiempo, pero no deben retrasarlo indefinidamente. Los Casero de turno deben ser postergados sin contemplaciones.
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