Violencia de género y vicaria

En los últimos meses, lamentablemente, estamos conviviendo con un término del que se hacen eco todos los medios de comunicación, violencia vicaria, y que hace alusión a la violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento, utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla. No han sido pocos los casos que han ocurrido en nuestro país. Entre los más recientes: caso Bretón, quien llegó a matar a sus hijos quemándoles en una finca en Córdoba; Tomás Gimeno, quien como en casos similares, amenazó a su ex esposa con no volver a ver a sus dos hijas de 1 y 6 años, apareciendo el cadáver de esta última en Tenerife en el mar; el último de ellos ha sucedido en Valencia, donde un padre asesinó a cuchilladas a su hijo de 11 años, precisamente el día de su cumpleaños. El maltratador busca hacer daño a su pareja, con lo que más le duele: sus hijos. Estos se convierten en víctimas directas de la violencia machista. Desde el año 2013, en que comenzó a contabilizarse el número de casos de menores muertos a manos del padre, supera el número de 45.

Desde la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, y con la creación de la Delegación Especial para la Violencia de Género, se viene dotando a la lucha contra la violencia sobre la mujer de un amplio presupuesto. Para este 2022, la cifra se eleva a 70 millones de euros. No obstante y pese a todos los intentos gubernamentales y el esfuerzo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los asesinatos de mujeres y de sus hijos a cargo de sus parejas y padres siguen aumentando cada año, por lo que cabría preguntarse si sería necesario prestar atención a otros datos distintos o bien complementarlos de los que se vienen teniendo en cuenta para evitar esos crímenes violentos. Tratándose de menores -objeto del presente artículo- considero que gran parte de la inversión estatal debería volcarse tanto en la protección de la mujer como en la de sus hijos, ya que la violencia vicaria forma parte estructural de la violencia contra las mujeres.

En primer lugar habría que extremar la cautela en los signos previos: menores que vuelven al hogar materno tras la estancia con su padre con prendas rotas, o cuando se interrumpe tratamiento médico en dicho momento, o bien cuando el padre habla mal de la madre en presencia del menor.

En segundo lugar, un dato tremendamente llamativo se produce cuando los niños no quieren acudir con el padre en un régimen de visitas. Ello junto al cambio de humor del menor, no puede minimizarse y debe analizarse.

En tercer lugar, se debería hacer un mayor seguimiento a los encuentros en custodias compartidas, así como una supervisión en la escuela o guardería ante posibles síntomas ya expuestos.

Por último, es necesaria una mayor implicación de todas las Instituciones con competencias en esta materia.

Se han modificado en los últimos años normas para tratar de paliar este tipo de violencia, pero con escaso éxito. Se ha dado nueva redacción al artículo 94 del Código Civil -septiembre 2021- donde se rechaza establecer régimen de visitas respecto del progenitor incurso en un proceso penal por violencia machista.

Asimismo, la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia -junio de 2021- puede ser un paso decisivo según Miguel Lorente, anterior Delegado de Violencia de Género, para proteger a los menores, ya que prevé la formación de profesionales que detecten posibles síntomas de violencia en espacios donde los menores se expresan, como los colegios. Los profesores de los centros, al estar en contacto continuo con los menores, pueden observarlos y percibir cuanto le pueda estar sucediendo a aquéllos.

La mayor parte del presupuesto a esta protección ha de destinarse a cuanto se trata de prevenir, esto es, evitar maltratos y asesinatos a mujeres y sus hijos, y que esa inversión llegue a quienes intervienen en dicha prevención; y dotar a los centros escolares de profesionales que puedan detectar cuanto ocurre al menor; poder oírlo y en su caso, informar al juez para que pueda adoptar medidas, caso de existir posibilidad de agresión y suspender, en tal caso, tanto visitas como custodia compartida.

Existen herramientas legales para la lucha contra esta lacra, pero las mismas han de aplicarse con dotación de medios, ya que, si no pueden aplicarse, de qué vale tener esas leyes justas.

Propongo que la ley reguladora de la Violencia pase a denominarse "Ley de Violencia de Género y Vicaria" y, así, poder contemplar maltratos y daños físicos tanto a las mujeres como a sus hijos, ambos dignos de la mayor protección.