Tribuna

Francisco Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Lecciones de los ajustes del nuevo Gobierno británico

Lecciones de los ajustes del nuevo Gobierno británico Lecciones de los ajustes del nuevo Gobierno británico

Lecciones de los ajustes del nuevo Gobierno británico

Las concesiones del electoralismo populista que están sufriendo las democracias occidentales les están llevando a estructuras presupuestarias en las que la ausencia de mayorías suficientes para abordar reformas estructurales y las concesiones oportunistas conducen, antes o después, a callejones sin salida y al aumento de la desafección ciudadana a las instituciones.

Esta está siendo la experiencia reciente en el Reino Unido, gestionado desde el Brexit por gobiernos populistas con negativas consecuencias económicas: bajo crecimiento, caída de la productividad, aumento de la deuda pública, emigración de empresas y personal cualificado, elevados impuestos y baja inversión pública y privada. El colmo del populismo se alcanzó en el Gobierno de Liz Truss, ganadora en las primarias de su partido con la promesa de bajar los impuestos y aumentar el gasto público. El anuncio de las medidas consecuentes fue sancionado por los mercados con la caída de la bolsa y la libra esterlina a mínimos en 50 años y el encarecimiento de los intereses de la deuda, lo que provocó la destitución del titular de Hacienda y un giro de 180º del programa fiscal. Sin embargo, el fracaso fue tan notable que obligó a la dimisión de la primera ministra.

Rishi Sunak, el perdedor en esas primarias por defender un programa económico más ortodoxo, fue elegido como sustituto por los parlamentarios conservadores, y el pasado día 17 su canciller, Jeremy Hunt, presentó un programa económico para restaurar la credibilidad fiscal del país. Asumió una recesión para 2023, y que en parte será debida a la reducción del consumo motivada por la elevación de los impuestos y la reducción del gasto público, todo ello para frenar una inflación que ha alcanzado el 11,1%. En consecuencia, pidió a los británicos que se ajusten, aunque introduce discriminaciones: se elevan los impuestos de las rentas altas y medias por el efecto de la inflación (impuesto invisible) y de las empresas energéticas que han recibido beneficios extraordinarios, pero aumenta el salario mínimo al 9%, y se subvenciona el coste de la energía a los sectores estrictamente más vulnerables, mientras que se congela el gasto público a pesar de la inflación, excepto en sanidad y educación.

Este programa ha sido bien acogido por los mercados, aunque está generando malestar en amplios sectores de las clases medias que van a soportar los ajustes. Pero, ¿resolverá el programa los problemas de la economía británica? El programa presentado por Jeremy Hunt ha evitado el riesgo de desastre financiero, pero parece inspirarse más en la oportunidad política que en la racionalidad económica, porque al posponerse la consolidación fiscal hasta después de las elecciones generales de 2024, el Reino Unido seguirá manteniendo una elevada deuda pública, el servicio de la deuda superará el 3% del PIB, y no podrán abordarse las reformas e inversiones necesarias. La consolidación fiscal debería adoptar una reforma fiscal que contemplase al menos la del impuesto de la renta y el de las rentas de la propiedad, así como una reforma del sistema de pensiones que contuviese las concesiones que lo tienen sometido a un "triple bloqueo": las pensiones se revalorizan según el valor más alto de la inflación, el aumento de los salarios en el sector privado o un 2,5% anual si no es superado por los anteriores indicadores. Esto ha llevado a un aumento de los ingresos del creciente número de pensionistas, con independencia de las contingencias económicas del país, mientras que los asalariados han visto mermado su poder adquisitivo, han desaparecido empresas y otras han reducido sus márgenes, y ha aumentado la vulnerabilidad de los segmentos de menor renta.

El aplazamiento de ajustes imprescindibles atenúa el malestar de los ciudadanos y el castigo electoral, pero también reduce el control de una inflación disparada. Este es el sino de unos tiempos dominados por el electoralismo populista y cortoplacista, como el que vivimos en España, con un proyecto de presupuesto expansivo para un año 2023 con previsión de crecimiento muy limitado, déficit estructural, deuda pública récord y regalías a sectores no vulnerables. Todo ello limita los efectos de la política monetaria antiinflacionista y no aborda la consolidación fiscal reclamada por instituciones internacionales y por el Banco de España, que advierte en su último Informe de Estabilidad Financiera que el desequilibrio presupuestario puede provocar una situación parecida a la del Reino Unido. Y frente a esto, una oposición que sigue creyendo en la fantasiosa curva de Laffer y jugando con la idea de la bajada masiva de impuestos.

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