Los Frailes puede ya centrarse en su proyecto minero

La convocatoria de un concurso internacional para una nueva operación minera en Aznalcóllar fue un gran gesto de la Administración autonómica en su momento, combinación de racionalidad económica, interés social e incluso valentía política. El éxito fue la atracción del interés de uno de los mayores mineros de cobre del mundo, Grupo México, llamado a ser el principal apoyo técnico y económico del proyecto, siendo el socio local, Grupo Magtel a través de su filial Minorbis, quien se ocupó, mediante ingenierías especializadas, de la preparación de los informes que conformaron el proyecto presentado al concurso. Tras la adjudicación al proyecto de Grupo México-Magtel, se realizó lo más oportuno: la constitución de una sociedad de propósito específico, Minera Los Frailes, cuyo accionista mayoritario es la minera mexicana y que está dotada desde el primer momento con los fondos propios exigidos por la Junta: el 25% del importe estimado de la inversión, traducidos en una aportación de unos 90 millones de euros en efectivo. El perdedor del concurso, Emérita Resources, una junior sin actividad extractiva, sólo de investigación, y sin apenas recursos económicos, presentó en marzo de 2015 una denuncia por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, ampliada ese mismo mes con la adición de supuestas irregularidades del grupo Magtel. Admitida la denuncia, a lo largo de las actuaciones y en calidad de investigados, comparecieron diversos funcionarios y cargos públicos intervinientes en la valoración de los proyectos y propuesta de decisión.

Ya en ese mismo año, en noviembre de 2015, el juzgado de instrucción decretó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, lo cual fue recurrido ante la Audiencia Provincial, dándose lugar en octubre de 2016 a la continuación de la instrucción, finalizada ahora mediante un auto que decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, contra lo que cabe apelación ante la Audiencia Provincial. Respecto a los siete contenciosos interpuestos, el viernes hemos tenido conocimiento de una primera sentencia contraria a Emérita y su condena en costas.

El ambiente cuando se inició la instrucción era proclive a creer que cualquier actuación de la Junta de Andalucía era sospechosa de irregularidad, lo cual era especialmente injusto para con el excelente, profesional y honesto trabajo que realizaron los funcionarios responsables de la valoración de los proyectos. Por eso hay que reconocer el acierto de devolver a su puesto y posteriormente ascender a la entonces Directora General de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, cesada a consecuencia de su imputación. El daño que se causó a la reputación de estas personas fue, sin duda, severo. Y el impacto en la motivación de los funcionarios ha sido dañino, al comprobar cómo una actuación honesta en cualquier concurso público podría verse puesta en duda por la actuación de quien no resultase ser beneficiario. Es, pues, más que comprensible la prevención que se ha instituido en no pocos departamentos de la Administración autonómica.

El tiempo podría haber sido mejor aprovechado desde la adjudicación, si no se hubiese producido y admitido una demanda que ahora se comprueba infundada -por calificarla suavemente-. Pero también es verdad que casi cualquier proyecto minero tiene una gran latencia, debida tanto a la complejidad administrativa de la concesión cuanto a la necesidad de redacción de muy diversos proyectos técnicos. En todo caso, los accionistas de Los Frailes, aún con las comprensibles cautelas, no han dejado pasar el tiempo en balde: desde el momento de la adjudicación se han invertido del orden de 27 millones de euros, incluyendo la realización de una intensa campaña de sondeos (unos 50.000 metros en total), que ha confirmado las reservas y permite definir con precisión el proyecto de mina de interior.

Además, se han realizado y presentado los estudios y proyectos, incluyendo la evaluación ambiental, necesarios para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada. El día 8 de febrero se ha abierto el periodo de Información Pública, tras el cual la Junta dispone de ocho meses (ampliables a 10) para resolver, de modo que en este año conoceremos los condicionantes que se establezcan. El lector interesado puede acceder con toda facilidad a la totalidad de la información en www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica. Y a partir de ella, formarse su propia opinión sobre un proyecto injustamente enrarecido, pero definitivamente llamado a contribuir al progreso económico de Andalucía