L OS resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no pueden ser más negativos para Andalucía. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) se situó en nuestra región en el 38,2%, más de 12 puntos por encima de la media nacional. Estamos, sencillamente, ante unos datos inadmisibles que deberían mover a la reflexión no sólo a los políticos y gobernantes, sino al conjunto de una sociedad que no es consciente muchas veces de los graves problemas de las capas más desfavorecidas de la población. Andalucía se situó entre las tres comunidades autónomas con la tasa Arope más elevada, por detrás de Extremadura (44,6%) y por delante de Canarias (36,4%). Por su parte, el País Vasco (12,1%), la Comunidad Foral de Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas. Una vez más, volvemos a observar una intensa fractura entre el Sur y el Norte que, si no se ataca de forma eficiente, no hará más que crecer.

Tener tan elevado número de familias en riesgo de exclusión es una triste garantía de perpetuar la realidad de una Andalucía con altos índices de pobreza. Al fin y al cabo, el núcleo familiar, según todos los estudios, determina en gran medida las posibilidades de triunfo social y económico de sus componentes. Los menores que pertenecen a familias excluidas tienen muchas posibilidades ser adultos excluidos. Esto puede ser una perogrullada, pero conviene recordarlo para matizar los discursos excesivamente optimistas sobre la permeabilidad social de nuestro sistema.

Contra esta situación, más allá de las ayudas asistenciales puntuales para aliviar problemas concretos, se puede combatir fundamentalmente con dos armas: educación y empleo. Educación de calidad para los menores de dichos núcleos familiares, de manera que tengan herramientas para romper el círculo vicioso de la pobreza; y empleo dignamente remunerado para que sean las propias familias las que puedan salir de la precariedad. Esto, como es obvio y decíamos antes, no puede ser labor de un solo partido o Gobierno, sino que requiere del esfuerzo de toda una sociedad. Andalucía no puede seguir una y otra vez a la cola de todas las encuestas e informes sobre la pobreza. Alguna vez nos tendremos que tomar en serio este problema.