La renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no debería parecer un mercadeo entre socialistas y populares para repartirse los jueces afines a su causa, que es justo lo que han logrado Gobierno y oposición con el pulso que mantienen desde hace un par de años para actualizar ambas instituciones. El nombramiento por parte del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de nuevos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, en contra de los deseos del Ejecutivo, ha llevado al propio Sánchez a reconocer que está dispuesto a cambiar la ley, si hace falta, para renovar el CGPJ. Pero más allá de que el Gobierno tenga razones para criticar a Lesmes y al PP por su continuo bloqueo tras tensas y estériles negociaciones, no parece éste el mejor momento para plantearse la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las bravas, como defiende Unidas Podemos desde el primer día, sin el concurso del principal partido de la oposición. Esto no haría sino dañar aún más la imagen de la Justicia y la del propio Gobierno, que se vería mucho más deslegitimado, por ejemplo, a la hora de impulsar la nueva Ley de Memoria Democrática o la reforma de los delitos de sedición, entre otros frentes abiertos.

Si nuestros dirigentes se emplearan tan a fondo en agilizar y modernizar la Justicia como lo hacen para tratar de influir y presionar, a través de los nombramientos, a sus órganos de poder, a buen seguro que los funcionarios de la Comisión Europea que han realizado el informe del Estado de Derecho 2020, tras entrevistarse con todo tipo de expertos y profesionales, no se habrían llevado una impresión tan negativa de la Justicia en nuestro país. En su evaluación, la UE no sólo recoge la anomalía institucional de la falta de renovación del Poder Judicial o la inoportuna designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Lo que subraya en su primer informe sobre los valores de la democracia en nuestro país es que aún no contamos con una estrategia contra la corrupción y, sobre todo, que los procesos tan lentos sólo conducen a la ineficacia de la Justicia. Algo que las autoridades, de ser competentes, tendrían que tomarse más en serio que la presión sobre los jueces.