El Tribunal Supremo hará pública en las próximas horas la sentencia por la que se condena a un delito conjunto de sedición y malversación a los líderes del procés, el intento de segregar a Cataluña en octubre de 2017 desde las instituciones de la Generalitat y el Parlamento autonómico. Aunque hay que conocer todos los detalles de la sentencia, el tribunal ha dado la razón a la Abogacía del Estado en cuanto al tipo de sedición y ha descartado la solicitud de la Fiscalía, que entiende que lo sucedido en Cataluña se ajustaba al delito de rebelión, un alzamiento violento contra la Constitución. Las penas pueden ir desde los cuatro a los 15 años, y la extradición de Puigdemont tendrá que materializarse. La disparidad de estas opiniones entre magistraturas del Estado refrenda lo que, en nuestra opinión, es lo sustancial: que ha sido un juicio justo, público y con todas las garantías que ofrecen las democracias de mayor calidad del mundo. Cabe, además, que los condenados puedan recurrir ante el Constitucional, España no es un Estado opresor, como sostiene el mantra de los independentistas. Una vez publicada la sentencia, las mismas organizaciones y partidos que apoyaron las revueltas de septiembre y octubre de 2017 van a respaldar las decisiones que adopte el llamado Tsunami Democrático, que es una organización envuelta en el secreto que ha llamado a los independentistas a echar un pulso al Estado en las calles de modo permanente y continuado durante meses. Saben que ya no cuentan con apoyos tan masivos, por lo que han cambiado de estrategia; más que respuestas definitivas, optarán por un clima de permanente conflicto. El Gobierno de Torra ha dado marcha atrás, alienta el conflicto, pero no practicará la desobediencia institucional. Algo parecido ocurrirá en el Parlamento, donde habrá declaraciones cargadas de simbolismo, pero se huirá de liderar las acciones. Esta vez, estos líderes saben que el Gobierno aplicará sin mayores problemas el artículo 155 y que, en caso de tumultos, se pueden producir nuevas detenciones. Pero el Gobierno, aunque esté en funciones, así como PP y Ciudadanos, debe estar preparado para responder a lo que desea ser una respuesta a la hongkonesa. Queda demostrado que el único modo de alcanzar una solución duradera y digna en Cataluña es que, por el momento, el Estado actúe de modo proporcional, pero con contundencia. Creemos que esto llegará cuando los actuales líderes independentistas encajen que las únicas vías se encuentran dentro de la legalidad y de la Constitución.