Otro peligroso rebrote

Interior debe actuar después de que siete agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado resultaran heridos por ataques de narcotraficantes en Andalucía en cinco días

En las últimas jornadas Andalucía está viviendo un peligroso rebrote no vinculado al de la pandemia provocada por el Covid-19, el del recrudecimiento de las acciones violentas de narcotraficantes contra las Fuerzas de Seguridad del Estado que intentan impedir su actividad ilícita. El último y más grave episodio se produjo anteayer, cuando un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía fue embestido en Algeciras con tremenda violencia por un todoterreno en el que huían narcotraficantes. Los dos agentes que intervenían resultaron heridos, uno de ellos muy grave. Se trata de un inspector de 33 años que lucha, con ayuda de los médicos del Hospital Punta Europa, por salvar un brazo, que podría llegar a perder por este incidente violento. Su compañero, agente en prácticas, también sufre heridas, de las que se recupera en su domicilio. No es un caso aislado. Ni exclusivo de la provincia de Cádiz, donde hace pocos días tres guardias civiles resultaron heridos al ser recibidos a tiros en una plantación de marihuana en la comarca de la Sierra. También en Málaga, otros narcos han embestido en Estepona a guardias civiles. En cinco días, siete agentes han sufrido daños corporales por este motivo. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska tiene previsto visitar hoy a los heridos que aún están ingresados en Cádiz, Algeciras y Villamartín. Estamos pues ante una reedición de la reacción violenta de esta generación de narcos contra las fuerzas del orden que tratan de impedir sus delitos. La Junta de Andalucía, por boca de su vicepresidente, Juan Marín, reclamó ayer más medios policiales para afrontar este fenómeno, singularmente en el Campo de Gibraltar. No es una petición que se pueda dejar en el olvido. La anterior oleada de actos violentos contra policías y guardias sólo se atajó cuando Interior puso medios y priorizó la lucha contra las mafias que se enriquecen con este tráfico ilícito. No puede ser de otra forma. El Estado debe actuar para evitar que esas redes de delincuencia conviertan la costa andaluza en una jungla violenta en la que todos estamos en riesgo. Cuanto antes se actúe para atajar este rebrote, más seguridad tendrá la población y la sociedad española.

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