Aunque, oficialmente, la concertación social consiste en el diseño y ejecución de la política económica de la comunidad teniendo en cuenta la opinión de los sindicatos y los empresarios, a nadie se le escapa que durante la larga etapa de gobiernos socialistas, sobre todo en el periodo presidido por Manuel Chavez, ésta ha sido usada como una poderosa herramienta para lograr la paz social en Andalucía. Es decir, para evitar conflictos laborales que pusiesen en peligro la estabilidad de la región y, por tanto, de sus ejecutivos. Muchos han apuntado -con razón- que la Administración autonómica ha usado esta concertación durante décadas como una manera de contentar a los agentes sociales, fundamentalmente a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a los sindicatos UGT y CCOO, concediéndoles abundantes ayudas de dinero público con los que consolidar su poder social e institucional. Hasta la fecha de hoy, no se sabe a ciencia cierta cuántos fondos públicos se han dedicado a las subvenciones que iban de alguna forma ligadas a los distintos acuerdos de concertación que se han firmado durante los casi cuarenta años de socialismo en Andalucía; fondos que, hay que decirlo, no han estado exentos de la polémica y los escándalos en el pasado.

No se puede cambiar Andalucía si no se transforma en profundidad este sistema viciado y, a la vista está, poco eficaz. Evidentemente, la paz social es fundamental para que la comunidad funcione, pero ésta se debe conseguir con el dinamismo económico, que es la mejor manera de generar empleo y, por tanto, riqueza bien distribuida entre todos los estratos sociales. El Gobierno de la Junta está obligado a escuchar y tener en cuenta las opiniones de los agentes sociales, tanto sindicales como empresariales, pero ante todo debe cumplir con sus promesas de una economía más abierta y ágil, en la que la puesta en marcha de una empresa no sea una labor titánica.

El nuevo consejero de Economía, Rogelio Velasco, ya ha dejado clara su intención de cambiar el sistema de concertación social para introducir dos elementos fundamentales: el control de qué se hace con el dinero público canalizado a través de los agentes sociales, y la evaluación de los logros de los diferentes programas. No puede ser de otra manera. Ahora sólo falta que las palabras se conviertan en realidad y que, pasado el tiempo, el Ejecutivo no caiga, como sus predecesores, en la tentación de usar el dinero de todos en una paz social que, más bien, es una paz política para el Gobierno de turno.