El pasado 28 de abril los electores acudieron a las urnas. Cumplieron con su obligación cívica y, pese a que muchas veces los políticos dan pocas razones para que se les vote, volvieron a elegir a sus representantes en el Congreso y en el Senado. Los españoles no quisieron darle la mayoría absoluta a ningún partido, pero concedieron al PSOE y a su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, una victoria lo suficientemente holgada para que pudiesen llegar a acuerdos con otras formaciones y armar un Gobierno estable con el que dirigir el país los próximos cuatro años. "Pedro Sánchez sí, pero con condiciones y frenos", fue el mandato electoral. Ahora, la obligación de los políticos es sentarse, hablar y ver cómo se ejecuta ese mandato.

Los partidos deben comprender de una vez por todas que la época de las mayorías absolutas ha pasado a la historia. La crisis y la irrupción de la llamada -quizás con un exceso de optimismo- "nueva política" acabaron con el bipartidismo imperfecto con el que se ha gobernado el país en las últimas décadas. Vivimos nuevos tiempos en los que, para gobernar, será decisiva la capacidad de llegar a pactos con otras fuerzas políticas, como ya ha ocurrido en Andalucía con el acuerdo entre PP y Ciudadanos, apoyado parlamentariamente por Vox. Por lo dicho, la insinuación de Pedro Sánchez de que se podrían repetir las elecciones generales si no se facilita su investidura como presidente del Gobierno es del todo inapropiada. Sánchez es el primer obligado a llevar las negociaciones a buen puerto, y cualquier fracaso de las mismas sería, antes que nada, su responsabilidad. Esto no exime al resto de partidos de sus deberes. En los momentos actuales, con un órdago al Estado por parte del independentismo catalán y la proliferación de los populismos de distinto signo, todos deben contribuir a hacer posible la formación de un Gobierno estable y alejado de cualquier tentación extremista. No son pocos los enemigos del Estado de Derecho que están esperando su oportunidad para desgastar a nuestra democracia o arrancar al Ejecutivo cesiones en diferentes materias, empezando por las de política territorial. Un Gobierno de inequívoca orientación moderada y constitucionalista sería la respuesta más adecuada.

La clase política no se puede permitir el lujo de no dotar a España de un nuevo Gobierno, obligando a los ciudadanos a volver a las urnas. Su descrédito sería aún mayor del actual y la desafección política aumentaría significativamente. La repetición electoral se debe descartar por completo.