Las comunidades autónomas conocerán este miércoles en la reunión prevista del Consejo Interterritorial la modificación de la Ponencia de Alertas -el órgano técnico que asesora al Ministerio de Sanidad- para poner fin al uso de las mascarillas en los transportes públicos desde la próxima semana. No así en hospitales, farmacias o centros socioanitarios. Una decisión tomada y anunciada por la ministra Carolina Darias. Las críticas que recibirá de las comunidades, convidadas de piedra al encuentro, estarán más que justificadas. Una vez más se demuestra que la llamada cogobernanza es un simple enunciado teórico. El citado comité abogaba por mantener el uso de los cubrebocas hasta marzo, para superar los meses con mayor presencia de los virus respiratorios. Ahora, a la vista de que las navidades no han provocado la explosión de otra ola de Covid y de que la gripe y la bronquiolitis han tocado techo, acepta anticipar la retirada. Pero más allá de las anteriores consideraciones, el fin del uso de las mascarillas en los transportes públicos está, a estas alturas, más que justificado. El sector lo venía reclamando desde septiembre. Entendía que la disposición obligatoria le "estigmatizaba". Pero una vez que el paso no se concretó en octubre, era lógico esperar a superar las semanas más crudas del invierno para dar el salto. Aun así, tampoco hay criterios compartidos entre comunidades. En algunas, una vez más se demuestra que en las estrategias priman más los fines políticos que la realidad sanitaria. Madrid hace tiempo que presiona por la supresión mientras Andalucía solicitaba cautela antes de eliminar esta barrera contra el virus. Pero ha llegado el momento de apelar a que los ciudadanos mantengan un comportamiento individual responsable. Las mascarillas evitan contagios de infecciones respiratorias y protegen en los contactos con personas vulnerables. No se necesita un decreto para saber cuándo deben utilizarse.