El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en su discurso de investidura que en 2023 los andaluces no pagarán el canon del agua, lo que motivó la crítica por parte del PSOE, cuyo líder se preguntó cómo se pagarán las obras de mejora en la red hidráulica. Sin embargo, este impuesto se ha revelado, hasta ahora, como un cobro de escasa utilidad, y no por su objetivo final, que debería haber sido la construcción y mejora de depuradoras, sino porque no se ha estado empleando, al menos, con el mismo rigor que se cobraba al ciudadano. Esto es lo importante. Cuando PP y Ciudadanos comenzaron a gobernar, había más de 500 millones de euros procedentes del canon que no se habían empleado en proyectos. Año tras año, en el Parlamento andaluz se preguntaba por qué no se empleaban los fondos del canon. Era bastante chocante que la Unión Europea multase por falta de depuración, a la vez que no se empleaba ese dinero por inoperancia de los gestores públicos. En vigor desde 2010, este impuesto se concibió para construir depuradoras en los municipios andaluces o para mejorar las existentes, pero se tuvo que ampliar su objetivo a otras obras de carácter hidráulico que intervienen en el ciclo del agua. En 2019 se permitió que también sirviera para financiar proyectos de abastecimiento en un contexto de sequía, y entonces se señalaron 17 obras de interés. Se calcula que una familia tipo podrá ahorrarse 40 euros al año de este canon, lo que no es mucho, pero la medida se incluye entre un paquete de rebajas fiscales que prepara la Junta. En cualquier caso, hay que subrayar que el Gobierno andaluz no sólo financia las obras hidráulicas con el canon -de hecho, se ha usado poco-, sino que también se nutre de otras partidas presupuestarias, de fondos europeos y de inversiones de carácter estatal. Hay provincias donde la falta de ejecución de proyectos conocidos desde hace muchos años es sonrojante, como es el caso de la provincia de Huelva.