A falta de un proyecto de Presupuestos, que no conoceremos hasta que pasen las dos convocatorias electorales que están en el calendario y que dibujarán claramente la hoja de ruta del cambio político en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno ha emprendido una serie de gestos con los que quiere marcar el inicio de su mandato. Desde el anuncio de bonificación casi total del impuesto de Sucesiones y Donaciones, de la que aún se desconocen fecha de entrada en vigor y procedimiento regulatorio de puesta en marcha, hasta la reducción de estructuras y altos cargos en las consejerías que la propia Junta ha cifrado en un ahorro de unos 15 millones de euros, pasando por acciones más o menos espectaculares como la denuncia de listas de espera ocultadas por el PSOE que ayer hizo el consejero de Salud. Esta semana se han producido dos actuaciones que son especialmente relevantes porque sí suponen la plasmación de un nuevo estilo de gobernar y del programa de regeneración democrática que constituye, junto con el empleo, la prioridad anunciada por el presidente como eje de la legislatura. La primera es el anuncio de la Consejería de Salud y Familias de que se va a anular el sistema de subasta de medicamentos, uno de los pilares sobre los que se sustentaba la política sanitaria de la Administración socialista en Andalucía. El PP ha hecho, ahora que tiene competencias para ello, lo que intentó hacer de forma reiterada en los tribunales con nulo éxito: parar la subasta de medicamentos y sumar a Andalucía a la compra coordinada de fármacos que hace el Ministerio de Sanidad. Termina así una especificidad que según el PP le costaba dinero a los andaluces y que era irrenunciable para el Gobierno de Susana Díaz, que consideraba que acudiendo sola al mercado obtenía mejores precios. La segunda actuación tiene también un fuerte alcance simbólico y político: la eliminación de los privilegios de fuero del que disfrutan los políticos. El fin de los aforamientos era una de las exigencias que Ciudadanos pactó con el PSOE en la anterior legislatura y que nunca se puso en marcha, a pesar de lo que Juan Marín aguantó el acuerdo durante tres años. Lo que hizo ayer el Consejo de Gobierno es iniciar un largo camino que conllevará la reforma del Estatuto de Autonomía y cuyo encaje en la legislación del Estado no termina de estar claro. Sin embargo, es una iniciativa que conviene poner de relieve porque va en la dirección de eliminar privilegios que la opinión pública nunca ha comprendido y de los que más de una vez se ha abusado.