La estiba, una obligada reforma

El trámite de convalidación del decreto-ley en el Congreso debe ser aprovechado para amarrar un consenso

La decisión del Ministerio de Fomento de abordar mediante un decreto-ley la reforma de la estiba ha cogido por sorpresa a todos los sectores implicados, desde los puertos a los trabajadores, pasando por las sociedades de gestión portuarias (Sagep), que tienen contratados a todos los estibadores. El paso dado por Fomento viene motivado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a poner punto final al monopolio que ejercen las Sagep para permitir a las estibadoras contratar libremente. Aunque la futura norma afecta directamente a un colectivo de 6.156 trabajadores en España -dos mil de los cuales están en el puerto de Algeciras- su incidencia es muy amplia si tenemos en cuenta que este colectivo canaliza nada menos que el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país. Y que de ellos depende también buena parte del transporte de mercancías por carretera y ferrocarril.

El futuro decreto-ley, del que no se han dado detalles por escrito, prevé la desaparición de las Sagep o bien su conversión en centros portuarios de empleo, una suerte de empresas de trabajo temporal a las que podrían adscribirse los estibadores, aunque también podrían vincularse directamente a las estibadoras mediante la subrogación de sus contratos. En este momento, las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores.

España, que se enfrenta a una sanción no inferior a 21 millones de euros por no liberalizar el sector de la estiba e ir contra la libre competencia, llega tarde a la hora de lograr una solución, pero corre el riesgo de tomar un atajo que, al fin y a la postre, le conduzca a un camino complejo y equivocado. Tal y como ayer alertó el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, el ministerio ha hecho caso omiso al principio de acuerdo alcanzado entre las empresas estibadoras y los trabajadores -pacto que prevé el mantenimiento del empleo mediante el establecimiento de una bolsa de trabajo en la que los estibadores en activo tendrían prioridad- y tampoco ha consultado con los puertos antes de tomar una decisión, pese a que son sus gestores quienes conocen la situación de primera mano.

El trámite de convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados puede y debe ser aprovechado para amarrar un doble consenso. En primer lugar, con los agentes sociales y operadores implicados, y en segundo lugar con los grupos políticos para dar garantías de continuidad a una norma que debe tener continuidad en el tiempo y no estar sometida a vaivenes propiciados por una coyuntura determinada.

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