El Juzgado número 6 de Sevilla investiga el gasto de más de 14.700 euros en una juerga, en un conocido club de alterne de la capital hispalense, a cargo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), perteneciente a la Junta de Andalucía. Pocas veces un hecho desenmascara de una forma tan cruda el abuso y la indecencia con la que algunos políticos -sólo algunos- actúan. Aunque pueda parecer una mera anécdota de esas que se prestan al chiste chusco y de mal gusto, estamos ante un hecho gravísimo tanto por lo simbólico como por lo económico. Se ha gastado dinero público que debería haber sido destinado a la formación y el empleo en un local que vulgarmente se denomina un puticlub. ¿En qué se pudieron emplear esos casi 15.000 euros? Eso es lo que investiga ahora la Guardia Civil, pero no es muy difícil imaginarlo. El sonrojo que provoca esta historia es tal que la totalidad de los actuales cargos de la Junta de Andalucía no tienen empacho en mostrar su consternación. Una vez más, los ciudadanos tenemos que asistir no sólo a cómo se dilapidan nuestros fondos públicos en las cuestiones más vergonzosas, sino también a cómo se abunda en los tópicos más detestables y manidos que nos pintan a los andaluces como juerguistas y derrochadores. Esta historia, en manos de los demagogos, puede dañar claramente a la imagen de Andalucía. Además, este caso vuelve a poner sobre el tapete el descontrol que muchas veces existe en la gestión del dinero público, especialmente por el uso y abuso de las tarjetas de crédito asignadas a las distintas instituciones. En toda España -no sólo en Andalucía- hemos asistido a suficientes casos que nos llenan de rubor e indignación al ver que el dinero que ha sido aportado con el esfuerzo de todos es derrochado en frivolidades y caprichos, cuando no en asuntos inconfesables. El control sobre este tipo de gastos, por mínimos que puedan parecer, debe ser máximo.

Es cierto que los hechos de los que hablamos sucedieron hace ya mucho tiempo, en 2010, cuando las personas que mandaban en la Junta eran otras, pero hay que exigir a la Administración andaluza que facilite al máximo la investigación para saber concretamente quiénes fueron los que usaron la tarjeta y en qué se gastaron el dinero. La propia Consejería de Empleo -de la que dependía la Faffe- debe ser la primera interesada en que se clarifique cuanto antes este bochornoso y lamentable asunto.